La juez ordena el ingreso en prisión sin fianza del director general de CPV

La juez de instrucción número 8 de Madrid, Rosario Espinosa, ordenó ayer el ingreso en prisión provisional y sin fianza de Francisco García Moreno, director general de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), investigada por un supuesto delito de estafa. La magistrada dispuso el encarcelamiento de García Moreno después de que éste declarara durante cinco horas. En su comparecencia, el director general de la promotora reconoció que debe 18 millones de euros a 500 compradores que le entregaron una señal para adquirir una casa en los nuevos barrios del norte.

La magistrada también envió el miércoles a prisión a Miguel Ángel Morillo del Pozo y a los hijos de García Moreno, Francisco Javier y Miguel Ángel García Sánchez, administradores legales de CPV. Los tres responsabilizaron en su declaración a García Moreno de la gestión de la promotora.

Los orígenes de este caso se remontan a 1998, cuando más de 1.200 familias adelantaron a la promotora 30 millones de euros para la compra de viviendas en nuevos barrios del norte de la capital (Sanchinarro, Montecarmelo y Las Tablas). Cuatro años después, las casas no están construidas - CPV vendió el suelo destinado para tal fin- y muchas de las familias no han recibido aún el dinero que entregaron.

García Moreno, que exculpó a sus hijos y al tercer socio de cualquier responsabilidad, reconoció ante la juez que adeuda a 500 compradores 18 millones de euros que adelantaron para la compra de pisos, según contaron los abogados de los afectados.

El director general de CPV afirmó también que 'vendió' el terreno destinado a la construcción de las casas porque necesitaba dinero para devolver los anticipos a las personas que iban rescindiendo sus contratos con la promotora y renunciando a sus viviendas. 'Si todo hubiera seguido su curso normal [en referencia a la trascendencia periodística del caso] habría podido devolver todo el dinero y construir entre 60 y 80 casas en un futuro', dijo.

Otras sociedades

A pesar de reconocer la deuda, García Moreno aseguró que el dinero que recibió por la venta del suelo y los adelantos de los compradores están en 'otros activos de la empresa'.

En concreto, en cinco sociedades participadas por la promotora y algunas propiedades inmobiliarias en Benidorm y otras zonas fuera de la región. Una de estas sociedades, llamada Urbanizaciones Santa Marta, dedicada a la explotación minera y urbanística con sede en Rota (Cádiz), está valorada en 162 millones de euros, según García Moreno. 'No sabemos si será una bravuconada o si realmente vale lo que él ha dicho', manifestó Oscar Zein, abogado y afectado de la CPV.

El director general de la promotora explicó que el dinero de los compradores fue ingresado en varias cuentas corrientes abiertas en Bancaja, Ibercaja y SCH. Una de ellas contenía las cantidades que los futuros propietarios habían dado como señal y en otra se ingresaban las letras. Moreno aseguró, según Zein, que manejó dinero de la primera cuenta y que desconoce cuánto capital queda en ellas.

Las acusaciones particulares consideran que estas declaraciones 'dejan claro' que puede haber delitos de estafa, apropiación indebida y alzamiento de bienes.Por ello, han solicitado a la juez que intervenga las cuentas de CPV y las sociedades de su propiedad o participadas por la promotora.

'En total hemos pedido a la magistrada 14 medidas cautelares urgentes. La primera de ellas, que designe a un interventor judicial que controle los bienes de CPV, en previsión de que algún día los afectados puedan cobrar el dinero que se les debe', manifestó Zein. 'Aunque no podemos hablar de plazos, García Moreno ha dicho que puede devolver el dinero y eso es lo que esperamos', agregó el letrado.

Otra de las medidas que han pedido las seis acusaciones particulares es que la juez cite como testigo a los jefes de los departamentos jurídico, financiero y de suelo de la promotora, ya que ellos eran quienes redactaban los contratos que luego firmaban los compradores, según la declaración de García Moreno.

Los abogados de los afectados también han solicitado que CPV elabore una lista exhaustiva de todas las personas a las que la promotora ya ha devuelto el dinero que anticiparon y de todas aquellas que aún tienen que percibir lo que se les adeuda.

'En unos 15 días la juez tomará algunas decisiones sobre nuestras peticiones. Esperaremos a las medidas que la magistrada adopte para fijar una estrategia, pero no descartamos que el número de imputados se pueda ampliar a lo largo del proceso', concluyó Oscar Zein.

Unos 100 afectados por el 'caso CPV' se concentraron a la puerta de los juzgados, aunque sólo unos pocos aguantaron las más de cinco horas de declaración de García Moreno. Cuando supieron que la juez ordenaba el ingreso en prisión de éste, profieron gritos de alegría, igual que lo hicieran ayer con el encarcelamiento de los tres administradores de la promotora (dos de ellos hijos de García Moreno).