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El ex edil acusado por el naufragio de Banyoles no era de Medio Ambiente

Alsina atribuye a la Marina Mercante la negligencia en la inspección del catamarán

El ex concejal del Ayuntamiento de Banyoles y único representante institucional acusado por el naufragio de L'Oca, Josep Alsina, utilizó ayer una estrategia de defensa que puede resumirse en dos de las frases que más repitió durante su interrogatorio: 'Nunca he sido concejal de Medio Ambiente' y 'la responsabilidad de la navegación es de la Marina Mercante'. Alsina dijo que cuando ocurrió el naufragio su concejalía era la de Urbanismo.

Alsina mantiene que firmando la solicitud para cambiar la vieja barca de gasóleo por el catamarán ecológico que acabó naufragando -base de la acusación- se limitó a trasladar el informe de un ingeniero municipal a la comisión de gobierno. Esa actuación la definió como 'un acto automático'.

Alsina acusó en todo momento a la Marina Mercante y aseguró que las licencias que otorga el Ayuntamiento sólo autorizan a las embarcaciones a 'estar en el agua', pero que el permiso de navegar es cosa de la Marina Mercante. La insistencia y el apasionamiento con que acusó a la Administración estatal hicieron que la juez Elena Mercado recordara a Alsina que dos resoluciones firmes de la Audiencia de Girona la han exculpado de cualquier responsabilidad en el naufragio.

Alsina esquivó la mayoría de las preguntas que aludían a las flagrantes imprudencias cometidas por los propietarios de la embarcación, que no fueron detectadas por el consistorio, alegando que eran competencia de la Marina Mercante o de otros ediles municipales. Esta situación desconcertó a la fiscalía y a las defensas, que no pudieron hacer aflorar una negligencia clara en su gestión directa. El fiscal hizo hincapié, no obstante, en la falta de revisiones a las embarcaciones por parte del consistorio y dedujo irónicamente que por el lago habría podido llegar a navegar un barco 'con propulsión nuclear'. Según Alsina, el reglament de actividades en el lago tenía como fin la preservación del medio y no la seguridad de los pasajeros de las embarcaciones.

El acusado, a quien hasta ahora el fiscal, las acusaciones y los medios de comunicación han estado refiriéndose como ex concejal de Medio Ambiente, aseguró ayer que nunca tuvo dicho cargo. Según reveló, las funciones de jefe de Área de Urbanismo y Medio Ambiente, que ejerció durante la solicitud de cambio de embarcación y hasta un año antes del naufragio, englobaban dos concejalías: la de Urbanismo, que desempeñaba él mismo, y la concejalía delegada de Medio Ambiente y el Lago, que tenía como responsable a Miquel Verdaguer. Según Alsina, no existía una relación jerárquica entre ellos, sino meramente organizatiba, y ambos ejercían sus competencias por delegación directa del alcalde.

El informe en que se basa la acusación del fiscal fue firmado por Alsina, según explicó él mismo, porque el concejal de Medio Ambiente no estaba representado en la comisión de gobierno. También aclaró el acusado que en 1997 dejó la función de jefe de área, de ahí que en la fecha del naufragio, el 8 de octubre de 1998, su tarea quedara circunscrita a Urbanismo. La defensora del ex edil, Olga Tubau, tiene la convicción de que durante los cuatro años de instrucción no se realizaron las tareas de averiguación adecuadas. Su cliente sólo fue citado a declarar una vez y jamás se le preguntó directamente si él era el concejal de Medio Ambiente. Alsina recordó que el consistorio no recibió ninguna petición del juzgado de instrucción para aclarar el organigrama municipal ni las funciones de cada edil. Al final de su interrogatorio, Tubau recordó un accidente ocurrido en el lago en junio de 1999, cuando un muchacho se ahogó mientras se bañaba. La justicia imputó entonces a la concejal de Medio Ambiente, Laura Prat. La letrada, a preguntas de los periodistas después de la vista, rechazó calificar de 'sorpresa de la defensa' el argumento esgrimido por su defendido. La letrada dijo que hasta que el fiscal y las acusaciones particulares calificaron los hechos, poco antes del juicio, la acusación era imprecisa y no pudieron alertar antes del supuesto error de considerar a Alsina concejal de Medio Ambiente.

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