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La juez ordena prisión sin fianza para los administradores de CPV

Hoy declara como imputado Francisco García Moreno, director general de la promotora

La titular del juzgado de instrucción número 8 de Madrid, Rosario Espinosa, decretó ayer 'prisión provisional comunicada y sin fianza' para los tres administradores de Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV). Los encarcelados son Miguel Ángel Morillo del Pozo y los hermanos Francisco Javier y Miguel Ángel García Sánchez.

La juez les acusa de estafar a unas 1.200 familias que, en 1998, anticiparon dinero a CPV -casi 30 millones de euros- a cambio de viviendas en los nuevos barrios de Sanchinarro, Montecarmelo y La Tablas. Cuatro años después, no se han hecho las casas y CPV admite que vendió el terreno donde iba a construirlas, explica la juez.

Los directivos, que ingresaron anoche en la cárcel de Soto del Real, responsabilizaron de toda la gestión de CPV a su director general, Francisco García Moreno. Dos de ellos, los hermanos García Sánchez, son hijos de García Moreno, director general de CPV y quien, en declaraciones a EL PAÍS, ha asumido la responsabilidad en la gestión de la promotora.

La juez le ha citado formalmente hoy, como imputado en el caso. A juzgar por lo ocurrido con sus dos hijos y con su socio, es previsible que éste corra igual suerte que aquéllos. La juez decretó la prisión de los citados administradores tras pedirlo la fiscalía y los abogados de los afectados.

La defensa reclamó a la juez, como alternativa a la cárcel, que impusiese fianzas a sus clientes, pero la magistrada se negó. Los tres administradores de la empresa fueron trasladados anoche a la cárcel por supuestos delitos de estafa y apropiación indebida.

En el auto de prisión, la juez afirma que CPV 'firmó contratos de compraventa con unas 1.200 personas, en los que se comprometía, previo pago de unas cantidades que oscilaban entre tres y cinco millones de pesetas, a la compra de terrenos en los distintos PAU [nuevos barrios] y a la construcción de las viviendas descritas en los contratos'.

La juez sostiene que, desde 1998, CPV se ha limitado a 'realizar algunas compras de terrenos, insuficientes para la construcción de las viviendas ofertadas', que luego ha 'vendido'. Y añade que 'los fondos procedentes de esa venta', así como el dinero recibido 'de los compradores', los ha destinado a otras 'promociones' de casas 'y a fines que se desconocen'. Éste es el motivo, según la juez, por el que CPV 'no puede hacer frente ahora a la devolución' de parte del dinero entregado por los compradores; y, además, no posee terrenos 'para la construcción de las viviendas'.

Un portavoz de CPV señala que su promotora ha devuelto el dinero a 940 de las familias afectadas, si bien reconoce que carece de terrenos para la construcción de las casas porque los vendió.

Querella multitudinaria

Esta actuación judicial es fruto de una querella presentada inicialmente por seis de los 1.200 afectados. Posteriormente, se han adherido a la causa varios cientos de afectados. Y el PSOE de Madrid, que asegura que detrás de este caso subyace la galopante especulación que soporta el suelo y que deriva en el encarecimiento desmesurado de las casas, ha anunciado que intervendrá en el proceso como acción popular.

Los tres administradores de CPV declararon ayer por turnos ante la juez durante más de seis horas. Coincidieron en responsabilizar a García Moreno de toda la gestión de CPV y dijeron desconocer dónde está el dinero de los afectados. 'El director general es quien daba las órdenes', reiteraron a preguntas de los abogados. Eso sí, admitieron que tenían un sueldo de 500.000 pesetas netas al mes cada uno por sus funciones, que consistían, explicaron, 'en dar información a la gente y firmar documentos'. Los hermanos García (de 26 y 24 años) indicaron que su padre les había regalado la promotora para que se formasen como empresarios. En concreto, 'un 35% a cada uno de los hijos y el 30% restante a Miguel Ángel Morillo del Pozo, amigo de la familia', explicó Francisco Manuel Albarrán, abogado y afectado por la CPV. Tras declararse 'inocentes', los hermanos aseguraron que 'su padre lo dirigía todo y que ellos confiaban plenamente en él'. Su función se limitaba a firmar papeles 'casi sin mirarlos', manifestó Albarrán. Según los abogados de los perjudicados, sus declaraciones fueron 'vagas e imprecisas'. 'Uno de ellos es camarero y el otro estudiante. Su padre les había dado la empresa para su formación', explicó Albarrán.

Pedro López Arias, abogado de más de 100 perjudicados, pidió ayer a la juez que declare sin efecto los contratos que obligan a los clientes de CPV a pagar las letras de sus casas que están sin construir. 'Nosotros no estaremos contentos hasta que a todos los afectados se les resarzan los daños y perjuicios que se les han causado', dijo López Arias.

La noticia del ingreso en prisión de los administradores de CPV provocó ayer lágrimas de alegría en algunos afectados que se concentraron a las puertas de los juzgados de plaza de Castilla.Los pocos que ayer se cruzaron en los pasillos de la sede central de los juzgados con los administradores de la promotora no pudieron reprimir las miradas de desprecio a los que supuestamente les han estafado cantidades que en la mayoría de los casos superan los 18.000 euros.

No más de una decena se concentró en la puerta de los juzgados con parcantas para reinvindicar sus casas o, al menos, su dinero. 'Estafadores: ladrones de sueños y de ilusiones' o '¿Dónde está Francisco García?', eran los lemas de sus carteles.

A medida que avanzaban las más de seis horas de declaración de los hermanos García Sánchez y Miguel Ángel Morillo, los nervios se fueron apoderando de los compradores de las casas fantasma. Uno de ellos explicaba que temía que la angustia que provoca pagar por una casa que nunca tendrá afecte a su mujer, embarazada de siete meses. 'A mí el dinero no me importa tanto. El problema es ¿dónde me meto yo ahora con mi familia? La entrega de llaves debía ser en mayo del año pasado y... mire cómo estamos'.

Sin embargo, este afectado reconoce que nunca vio nada raro en el trato de los empleados de CPV. 'Siempre eran educados y nos daban excusas razonables. Nadie se podía imaginar todo esto', explica.

El hombre que esperaba en los pasillos la resolución de la juez llegó a encararse con Francisco Javier García Sánchez, administrador de la empresa e hijo del director general, Francisco García Moreno. 'Mi mujer está embarazada de siete meses, si le pasa algo... te enteras...', le increpó señalándole con el dedo a la cara.

Sobre las 16.30, hora a la que se supo que la juez decretaba prisión sin fianza para los tres administradores de CPV, algunas de las afectadas no pudieron contener las lágrimas. '¡Qué alegría me acaban de dar!', comentó una mujer abrazada a su hija. '¡Ay, Dios mío, qué alegría tan grande!'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de noviembre de 2002