Otro tiempo, otro país

Acabo de leer la noticia y no salgo de mi asombro: incluso he tenido que mirar la fecha del periódico para comprobar que no estamos en un año anterior a 1975: cinco estudiantes de la Universidad de Sevilla pueden ser expulsados a perpetuidad de la Hispalense por los actos de protesta contra la LOU del año pasado. Realmente increíble.

Increíble que un acto de protesta y disconformidad con una actuación concreta, que no generó daños personales, pueda suponer un perjuicio tan grave y desmedido para cinco de las personas que participaron en el mismo (¿qué fue del principio de igualdad?).

Increíble que las instituciones y autoridades que permitieron lo más (acampada en la Plaza Nueva de Sevilla, apoyo en la protesta mientras duró la tramitación de la ley, etcétera), ahora se desmarquen por un acto que supuso un perjuicio no irreparable en determinadas instalaciones del Rectorado.

Quien haya visto el vídeo de lo sucedido podrá darse cuenta de dos cosas: en primer lugar, que no todos los participantes en la protesta tuvieron gestos y actitudes violentas; en segundo lugar, que el clima de tensión creado por la intervención de algunos vigilantes de seguridad facilitó que se generara un clima violento en un momento determinado, al impedir a los manifestantes la entrega de un texto a la autoridad universitaria.

Si aquel nefasto día la Comisión de Gobierno hubiera recibido a una representación de los manifestantes como habían solicitado, desmantelado ya el campamento de protesta y aprobada la ley, posiblemente no hubiera sucedido nada. Es muy fácil en este momento imputar toda la responsabilidad a ellos y disimular las propias.

Que conste que no defiendo actitudes violentas ni creo que la fuerza sea buena consejera, pero también estoy convencido de que la sanción propuesta, desconocida en todos los años que han transcurrido en democracia, sólo va a servir para fomentar más violencia.

Si la Universidad debe caracterizarse por algo es por la tolerancia y el diálogo, por acercar con el razonamiento y la discusión de las ideas a los opuestos entre sí. Actitudes y medidas como las que trata de imponer en el expediente administrativo sólo pueden dar lugar a impedir que ese diálogo sea posible y alejar las posiciones de los discrepantes, dando la razón a aquéllos que predican actitudes de violencia.

Desde estas líneas, humildemente, pido a quien corresponda que sea prudente en la aplicación de la norma, que tenga en cuenta algo más que una puerta rota y retome el espíritu dialogante de la Universidad, pues muchos tenemos la impresión de que somos también merecedores de ese castigo si estuviéramos en otro tiempo, y en otro país.

Manuel Fernández del Pozo es abogado.