Democratizar las televisiones

En la última sesión de control parlamentario el vicepresidente Rajoy respondió con sarcasmos a las acusaciones de la oposición sobre manipulación informativa en la televisión pública, pero acabó aceptando debatir sobre un nuevo modelo audiovisual, como le había solicitado por carta el secretario de organización del PSOE. El asunto tiene derivaciones políticas y económicas importantes, y podría convertirse en tema esencial de debate de los dos próximos años, tanto en el ámbito nacional como en el de las comunidades con canales autonómicos.

Gobierno y oposición se acusan de manipular las cadenas que controlan, y ambas partes tienen razón. Tal como está organizado el sistema, resulta muy difícil que quienes cuentan con mayoría política renuncien a utilizar los medios públicos de comunicación, y en particular la televisión, de manera partidista o sectaria. Las promesas hechas desde la oposición se olvidan al pasar al Gobierno (y viceversa). Es posible que la intención del PSOE al plantear un acuerdo fuera la de emplazar al Gobierno para luego denunciar su negativa a pactar e incluir la propuesta en su programa electoral. Pero como es el modelo lo que tiene que cambiar, y ello sólo puede hacerse por consenso, el acuerdo será necesario antes o después. No habría, por tanto, que echar en saco roto la aceptación inicial de discutirlo por parte de Rajoy.

El PSOE ya anunció hace un año su intención de plantear una proposición de ley para modificar el Estatuto de la radio-televisión pública. Ahora formula un 'pacto de Estado' al Gobierno sobre todo el sector, incluyendo las cadenas privadas, sometidas a condicionantes específicas por la condición de servicio público que les atribuye la ley. Todos los modelos ensayados en otros países plantean problemas, pero no todos son tan imperfectos como el español.

Una reforma del actual Estatuto de RTVE -redactado hace más de dos décadas, cuando no existían cadenas privadas- debería contemplar la desgubernamentalización de la televisión pública, el nombramiento de su director general por el Parlamento (y por mayoría cualificada) y la sustitución del actual sistema de cuotas políticas en la designación del Consejo de Administración por otro en que prime la cualificación técnica de los candidatos. Así vienen aconsejándolo hace años todos los expertos, como vía para garantizar el respeto a la pluralidad.

Pero también es urgente definir un sistema viable de financiación. Lo que no resulta aceptable es que siga creciendo la deuda de RTVE -hasta los 6.000 millones de euros en 2003- al mismo tiempo que continúa haciendo competencia desleal a las privadas con la ventaja de la doble financiación, presupuestaria y publicitaria. Seguramente habrá que poner a cero esa cuenta, pero a cambio de una adecuación de la dimensión y los contenidos propios de una televisión pública. Ese pozo sin fondo detrae recursos públicos de otras necesidades con mayor incidencia en el crecimiento futuro, como la enseñanza o la innovación tecnológica.

Una de las propuestas más interesantes presentadas estos días por Rodríguez Zapatero es la de ligar la reducción del tope de gastos electorales con la obligatoriedad de celebrar debates televisivos entre los candidatos. El PSOE denunció en 2000 la negativa de Aznar a participar en tales debates, pero no asumió un compromiso claro de celebrarlos en el futuro, si ganaba. Resulta de gran interés que el PSOE asuma ahora compromisos sobre la desgubernamentalización de RTVE para cuando gobierne, incluyendo el compromiso de mantener debates electorales; pero nada impide incluir ese compromiso en los programas para las autonómicas de mayo e incluso adelantar su aplicación a las comunidades en las que ya gobierna. Eso sí que forzaría al PP a aceptar un pacto de Estado sobre una cuestión decisiva para mejorar la calidad de nuestra democracia.