'Telefónica debe entender que el Gobierno tome medidas para que otros operadores sobrevivan'

Josep Piqué se incorporó en julio al Ministerio de Ciencia y Tecnología dejando la cartera de Exteriores. Con un pie en Madrid, donde atiende sus labores ministeriales, y otro en Barcelona, preparando su candidatura al frente del PP en las elecciones catalanas, el ministro defiende que su paso por este ministerio no será de mera transición.

Pregunta. Se dice que su desembarco en Ciencia y Tecnología ha supuesto un mayor peso político de este departamento en el Gobierno que no tenía cuando Anna Birulés era su titular.

Respuesta. No es una cuestión de mayor o menor peso político, sino de que ha habido una primera fase de creación y de consolidación de este ministerio que recoge competencias de otros cinco y ahora es el momento de recoger los frutos y tomar decisiones rápidas, porque los problemas del sector así lo requieren.

'El fondo para costear el servicio universal estará funcionando el próximo año'

'La mejor manera de entender la reforma audiovisual es no mezclarla con la fusión'

P. Acaban de anunciarse una serie de medidas para fomentar la competencia, pero ¿cuándo se van a poner en práctica asuntos como la obligación de que las administraciones públicas saquen a concurso sus comunicaciones o la factura única, para que los usuarios que elijan un operador alternativo reciban sólo una factura?

R. En el primer caso, se trata de una orden ministerial que ya está lista y espero que pueda ser aprobada a finales del mes o comienzos del próximo. En cuanto a la factura única entrará en vigor a primeros de año, ya que es una disposición recogida en la Ley de Acompañamiento, aunque su aplicación dependerá del tiempo que necesitan los operadores para poder hacerlo.

P. Esas medidas y la reciente modificación de tarifas ha suscitado duras críticas de Telefónica.

R. Telefónica tiene que entender que, cuando se sale de una situación de monopolio y se liberaliza un sector, el Gobierno tiene que adoptar determinadas medidas para que los operadores alternativos puedan sobrevivir. Pero también debo decir que desde el punto de vista de lo que Telefónica ha venido solicitando el Gobierno ha dado pasos importantes. Por ejemplo, hemos revisado el sistema de precios máximos (price cap) y tenemos la voluntad de que, a lo largo de 2003 y 2004, aquellos segmentos de telefonía básica que tengan ya competencia suficiente salgan del sistema de fijación de tarifas, con un horizonte de liberalización total de precios en 2005. Sé que Telefónica quisiera que ese sistema se eliminara de inmediato, pero hemos marcado un calendario que es acorde con los intereses de todos.

P. Pero Telefónica se queja de que sólo ella costea el servicio universal que se supone que debe ser financiado con la aportación de todos los operadores a través de un fondo.

R. Telefónica tiene razón en ese punto. De todas formas, no olvidemos que Telefónica sigue manteniendo el 87% de la cuota de telefonía fija y, en cualquier caso, le correspondería financiar el 87% del coste de ese servicio universal. Deseamos que ese fondo común se ponga en marcha cuanto antes y espero que el nuevo sistema de financiación esté funcionando el próximo ejercicio.

P. Dice el PSOE que las nuevas tarifas perjudican a las familias más pobres porque, aunque baje el precio de las llamadas, sube la cuota de abono, que se paga mensualmente independientemente del consumo.

R. Lo que dice el PSOE es una obviedad y si alguien utiliza el teléfono tan poco que lo importante en la factura es el peso de la cuota de abono, pues, evidentemente, va a pagar algo más. Estamos hablando de incrementos mínimos y que repercuten sobre una parte minoritaria de la población, precisamente por la intensísima bajada de tarifas que ha habido desde 1996. Los españoles llamamos ahora más del doble que entonces y eso significa que el peso de las llamadas es cada vez mayor sobre la cuota de abono. Probablemente el PSOE dice eso desde la mala conciencia de recordar que hasta 1996 las tarifas siempre habían subido y, en cambio, desde ese año bajan.

P. Las compañías de móviles no están muy contentas con el nuevo IAE. Calculan que van a pagar 12 veces más que antes a los ayuntamientos que, sin embargo, les ponen todo tipo de trabas para instalar antenas.

R. El planteamiento antes era aplicar a los operadores móviles la misma tasa del 1,5% de la facturación bruta que se cobra a las empresas suministradoras de otros servicios que utilizan el dominio público municipal, como las compañías energéticas o de aguas. Esto se ha eliminado y se ha sustituido por un recargo en el impuesto del IAE que ya pagan las compañías de móviles que supone el pago de una cantidad que se acerca a un 0,5% en la facturación bruta y que, debido a las deducciones fiscales, representa una quinta parte de lo que pagan las empresas de servicios y eso me parece un esfuerzo razonable. En cuanto a la distribución de esos ingresos, había dos criterios: el que defendía el Ministerio de Hacienda, de acuerdo al número de abonados en cada municipio, o el que defendimos nosotros y que ha sido finalmente aceptado, de que se haga esa distribución en función de las antenas instaladas, lo que será un incentivo para que se autoricen las instalaciones.

P. ¿Y cuándo se va a negociar la liberación de avales y compromisos de inversión para los móviles y un nuevo calendario de implantación de la telefonía de tercera generación?

R. El planteamiento es que tanto para flexibilizar los compromisos de los licenciatarios de la tercera generación como para los de la televisión y la radio digital se consensúe una solución antes de final de año. En el caso del móvil UMTS tenemos que hacer las cosas con mucha seriedad y rigor, ya que tienen que ser medidas compatibles con el régimen de ayudas públicas de la UE, para que no puedan ser objeto de impugnación por las otras empresas que acudieron en su momento a los concursos y no obtuvieron las licencias.

P. No todos los países tienen ese mismo cuidado en respetar las normas a juzgar por las ayudas del Gobierno alemán a Mobilcom o la disposición del francés a avalar la deuda de France Télécom. Eso sin contar con el controvertido plan de Berlusconi para Fiat.

R. En este caso vamos a seguir muy de cerca cualquier tipo de ayuda pública implícita o encubierta que puedan hacer determinados gobiernos a sus operadores de telecomunicación. Y en efecto, en estos días estamos viendo con preocupación las posibles ayudas del Gobierno italiano a Fiat y sobre eso tenemos que decir que las reglas del juego tienen que ser igual para todos.

P. ¿Y si no se respetan esas reglas?

R. Lo que no puede ser es que el Gobierno italiano dé ayudas a Fiat por una parte y al mismo tiempo se permita que el Gobierno eslovaco ofrezca también ayudas durante 10 años para atraer inversiones que en estos momentos están en España [en relación a Seat] .Y si se incumple el régimen de ayudas instaremos a que la Comisión Europea cumpla sus resoluciones y que el comisario de la Competencia haga lo que tiene que hacer.

P. ¿Le preocupan los anuncios de despidos masivos en el sector de telecomunicaciones?

R. Debemos ser conscientes de que en estos dos últimos años la demanda de la industria de telecomunicaciones se ha visto reducida a escala mundial en un 50% y hasta ahora las empresas radicadas en España no son precisamente las más perjudicadas. Estamos viendo cómo podemos paliar ese ajuste. Desde esa perspectiva, el desarrollo de la radio y la TV digital pueden ser muy importantes y estamos trabajando en medidas concretas que ayuden a una rápida introducción de ambas, lo que ayudará al sector industrial, dinamizando la demanda.

P. En el terreno audiovisual están ustedes abordando las reformas que ya anunció su antecesora. ¿Cómo y cuándo se va a completar esta reforma?

R. Hemos introducido en la Ley de Acompañamiento la supresión del límite del 49% que podía tener una misma empresa en una cadena de televisión y la puesta en marcha del Plan Técnico para el Desarrollo de Televisión Local Digital. No descarto otras medidas que se introduzcan en esta ley, pero en cualquier caso va a formar parte de la nueva legislación sobre el sector audiovisual que me gustaría ultimar antes de acabar este año o al principio del próximo, y que tendrá su trámite parlamentario.

P. Sin embargo, la polémica se ha desatado por el anuncio de que se permitirá que una misma sociedad posea participaciones accionariales en más de una televisión, que algunos sectores de la opinión pública relacionan con la fusión entre Sogecable y Vía Digital.

R. Todo el mundo sabe que Admira [Telefónica] tiene una participación en Antena 3 y otra en Vía Digital y todo el mundo sabe que PRISA tiene participaciones muy significativas en Canal Plus, en Canal Satélite y en televisiones locales. No es ninguna novedad. Por tanto, la mejor manera de aproximarse a ese problema no es mezclarlo con la problemática de la fusión, sino ver si tiene sentido que en un sector que es cada vez más competitivo pueda haber participaciones cruzadas, siempre que haya un respeto al pluralismo informativo. Por tanto, que ninguna empresa pueda controlar más de una televisión, aunque tenga participaciones en varias. Y eso es lo que estamos discutiendo.

P. ¿Y qué mecanismos se pueden adoptar para impedir ese control en más de una cadena?

R. La limitación de los derechos políticos de voto o la limitación en la presencia de los órganos de administración y gestión de las empresas. Eso es algo que ya hemos hecho en otros sectores y que tampoco constituye ninguna novedad.

P. En la tramitación de la fusión, tanto el informe de la CMT como el del Servicio de Defensa de la Competencia han llamado la atención sobre la necesidad de tener en cuenta a la hora de poner condiciones a la fusión de la escasa rentabilidad de la televisión de pago en España.

R. Estamos hablando de una propuesta entre dos plataformas por satélite que actúan en el mismo mercado, que es el de la televisión de pago. Pero a este mercado no sólo se puede acceder por tecnología vía satélite, sino también por cable o a través de la televisión digital terrenal. Por tanto, esa operación tiene que verse desde la óptica de las diferentes tecnologías disponibles. Y tanto si al final queda una sola plataforma por lo que decida el Gobierno autorizando la fusión como si queda una sola porque el mercado aparta a cualquiera de las dos existentes, las condiciones respecto a los contenidos deberían ser las necesarias para que siempre pueda haber una alternativa a la plataforma existente.

P. ¿Y el conflicto abierto por la concentración de Antena 3 Radio, Unión Radio y la SER, ocho años después de su autorización?

R. El Gobierno está dando cumplimiento a la última sentencia del Tribunal Supremo sobre este asunto.