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Guipúzcoa acusa al Ejecutivo central de incumplir el acuerdo sobre Pasaialdea

Mikel Ormazabal

La Diputación de Guipúzcoa acusó ayer al Gobierno central de incumplir el acuerdo suscrito a finales de 2000 por el que estas instituciones cerraron un compromiso con el Ejecutivo vasco de asumir a partes iguales los casi seis millones de euros del coste de la expropiación de los terrenos de la ribera de Molinao, en Pasai Antxo. Este proyecto está incluido en el plan de regeneración de la Bahía de Pasaia, financiado por el programa europeo Urban.

La rehabilitación de Molinao comenzó ayer con la demolición de unos pabellones industriales en estado ruinoso y una casa antigua para crear nuevos espacios libres y ajardinados de calidad en la margen derecha de la ría que atravisa Pasai Antxo. La destrucción de los edificios de las empresas Beissier y de la Sociedad Española de Tubos de Estaño (SETE) ha sido posible tras la expropiación de las parcelas que ocupan estas factorías por parte de la Diputación guipuzcoana. El Ejecutivo foral ha necesitado cuatro años de 'arduo trabajo' para gestionar el expediente de liberación de los terrenos. La expropiación se ha realizado por la vía de mutuos acuerdos con los propietarios de las empresas, que han trasladado sus actividades a otros polígonos industriales.

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El Ayuntamiento de Pasaia podrá iniciar ahora el proceso de urbanización de esta zona, una de las más degradadas de Guipúzcoa, para transformarla en un área de esparcimiento con parques y jardines.

La Diputación y la consejería de Vivienda, dirigida entonces por Patxi Ormazabal (EA), encabezaron este proyecto en diciembre de 2000 mediante la firma de un convenio para financiar el coste de la expropiación de los terrenos de Molinao.

En virtud de aquel acuerdo, ambas instituciones y el Gobierno central asumieron el compromiso de financiar a partes iguales los casi seis millones de euros de las indemnizaciones. Sin embargo, el Ejecutivo foral se ha visto obligado a aportar 3,9 millones y el vasco otros 1,98 millones para costear la operación porque 'el Gobierno central no ha hecho frente al compromiso adquirido', según un comunicado de la Diputación.

La reforma del área de Molinao figura entre las prioridades del plan de regeneración urbana e industrial de toda la bahía pasaitarra, para el que la Diputación tiene comprometidos un total de 22,5 millones de euros dentro de un plan extraordinario que expira el año que viene.

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Sobre la firma

Mikel Ormazabal
Corresponsal de EL PAÍS en el País Vasco, tarea que viene desempeñando durante los últimos 25 años. Se ocupa de la información sobre la actualidad política, económica y cultural vasca. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Navarra en 1988. Comenzó su carrera profesional en Radiocadena Española y el diario Deia. Vive en San Sebastián.

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