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Columna
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El motor alemán precisa una reparación a fondo

La Comisión calcula para Alemania, el país que impuso el pacto de estabilidad, un déficit presupuestario de un 3,7% del PIB en el 2002 y del 3,2% en el 2003, superando el máximo del 3% establecido. No deja de ser llamativo que al ministro de Hacienda alemán, Theo Waigel, que entonces no ocultaba sus temores a que la falta de disciplina presupuestaria de los países del sur amenazase a la larga la estabilidad del euro -la prensa alemana hablaba con sorna del 'club mediterráneo'-, no le entre hoy en la cabeza que sea Grecia, que sean los países pequeños, a los que hay que proteger del adeudamiento de los grandes. La amenaza sureña, con la excepción de Portugal, que supera el 4%, se ha trasladado al centro, a Alemania, Francia y, también en buena parte, como se esperaba, a Italia, mientras que se cita a España como un ejemplo a seguir.

En una coyuntura de clara recesión y con una inflación media en la zona euro de casi el 2%, ¿no conviene acaso revisar el pacto de estabilidad, aumentando al 4,5% el déficit presupuestario permitido? El presidente de la Comisión, Romano Prodi, firmante del pacto de estabilidad como presidente del Gobierno italiano, se inclina por una mayor flexibilidad, mientras que el comisario competente, Pedro Solbes, mantiene el criterio jurídicamente correcto, y tal vez también desde un punto de vista económico, de que la Comisión está obligada a hacer cumplir lo pactado. Pacta sunt servanda. El que el canciller Schröder, en víspera de las elecciones, presionara con éxito para no recibir la carta azul que habría advertido al electorado de cuál era la verdadera situación financiera, pudiera hacer a la larga ilusorias las medidas de control. Si los grandes se escapan, ¿cómo recriminar a los pequeños?

Sin el pacto de estabilidad, un 4,5 de déficit -en los años setenta lo mantuvo Helmut Schmidt en su lucha contra el desempleo- no hubiera llamado la atención. Mantener la rigidez del 3% pudiera significar que se retrasase la salida de la crisis; si se flexibiliza, al final los criterios dependerían de la voluntad de cada país, con el riesgo de que se tambaleara la tan preciada estabilidad monetaria. En todo caso, importa advertir que por la puerta de atrás reaparece un keynesianismo bastante desvirtuado.

La situación económica y financiera de Alemania es mucho más grave que la que, en vísperas de las elecciones, presentó el Gobierno a la opinión pública. Se comprende que la oposición fracasada en su intento denuncie la mayor estafa electoral de la historia de la República Federal de Alemania. El nuevo Gobierno no tiene otro remedio que subir los impuestos y seguir desmontando el Estado social, en particular los subsidios de desempleo, como la fórmula más eficaz para conseguir que decrezca. Y ello aunque la victoria se haya debido en el último momento a la confianza de una buena parte de la población de que los partidos de centro-izquierda defenderían por todos los medios el statu quo. El Gobierno hace exactamente lo que hubiera hecho la oposición de haber ganado, pese a que también prometió no subir los impuestos y conservar en su integridad el Estado social. Pero lo hubiera hecho con una mayor credibilidad, al haber desvelado la situación financiera en toda su crudeza. La alternancia fortifica el sistema.

El centro-izquierda y el centro-derecha, en vísperas de las elecciones, utilizan un mismo discurso -sin subir los impuestos, acabar con el paro y conservar en su integridad el Estado social-, falto del cual en ningún sitio se pueden ganar elecciones. Luego en el Gobierno los unos y los otros, sea cual fuera el color, suben los impuestos y tratan de abaratar el Estado social, como si fueran las únicas fórmulas aplicables. A medio plazo, el efecto más dañino es que una porción cada vez mayor de ciudadanos dan la espalda a los partidos políticos, deslegitimando la democracia partidaria establecida.

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