Enseñanza para los elegidos

Desde la Unión General de Trabajadores hemos convocado movilizaciones en la enseñanza porque, una vez más, nos encontramos ante otra ley impuesta por la mayoría absoluta del partido del Gobierno de la Nación. Una ley que, si la izquierda no lo remedia, supone un auténtico atentado a la escuela pública. El PP no ha tenido siquiera la deferencia democrática de permitir el debate parlamentario de las 1.166 enmiendas que se le han planteado y que se han solventado a una velocidad de crucero de 53 segundos por enmienda, aceptando sólo el 2%. Una 'ley de calidad' que rechazamos todos los agentes sociales e incluso y, por primera vez, la Confederación Democrática de Asociaciones de Padres de Alumnos (CODAPA).

Parecen tener prisa y no les importa a quien arroyen en su camino, que en el caso concreto que nos ocupa es la formación de todo un país, pero no para todo un país, sino para unos pocos: aquellos que a partir de sus 12 años de edad sean capaces de pasar todo el sistema de cribas que recoge la ley de calidad. La calidad, para la ministra de Educación, se concreta en revalidar, separar a los tontos de los listos, a los cumplidores de los vagos y a los ricos de los pobres. Esto, como en su momento dijo Marta Mata, ex diputada del PSC en el Congreso y en el Parlamento catalán, senadora y concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, pedagoga y miembro del Consejo Escolar de España desde su creación hasta que en él entró el proyecto de ley de calidad, 'es de Juzgado de Guardia'.

Los alumnos y alumnas de un bajo nivel cultural podrán ser reclutados en los llamados 'grupos de refuerzo' para que, supuestamente, obtengan una atención más especializada de cara a su integración en el sistema. Pero ¿cómo podrán adaptarse, si partimos de una exclusión y reclusión?

Escandaloso resulta también el trato discriminatorio que se les da, de partida, a los inmigrantes. Según recoge, para aquellos que presenten grandes dificultades de adaptación, cabe la posibilidad de encaminarlos a 'Programas de Aprendizaje Profesional'. Es decir, se les apartará de nuestro sistema educativo, en el mismo momento en que presenten algún problema. Y otro dato a destacar es, sin duda, la forma de elegir al director de un centro: por una comisión administrativa. Independientemente de las dificultades que haya para que los profesores decidan asumir labores de gestión, en vez de docentes, la solución no pasa por ponerlos 'a decretazo', es decir desde la propia Administración y privando al centro escolar de elegir a su director, ya que el Consejo Escolar no tendrá ninguna capacidad electiva en este proceso.

La ley supone una apuesta por la enseñanza privada, fomentando el trasvase de alumnos de la escuela pública a la privada. Primero porque, según análisis, el 66% del presupuesto que destinará el Gobierno a los diferentes itinerarios de aplicación irá para los centros privados concertados, y el 34% a los públicos. Y segundo, porque, debido a las pésimas condiciones en que se va a encontrar la enseñanza pública con la aplicación de esta ley de supuesta calidad, el trasvase está asegurado. Ley, que, por otra parte, pretenden que se aplique con un coste cero de financiación, pasando los costes de esta reforma a las comunidades autónomas, sin garantizar un respaldo financiero adecuado. Si se pretende ofrecer una reforma de calidad en la enseñanza, el pilar fundamental es la inversión. No se puede pretender realizar cambios sin una base establecida. Sin recursos no se puede avanzar en el propósito de conseguir una educación diana para todos y todas.

Ultimamente le ha dado al PP por tachar a las movilizaciones sindicales de 'políticas'. Y naturalmente que son políticas, pero no están dictadas por los oponentes políticos del PP, están dictadas por una legítima conciencia sindical. Los sindicatos, la UGT en concreto, tiene una afiliación muy superior a la de cualquier partido político y una ideología clara y consolidada que se asienta en los principios de la solidaridad, la igualdad y la universalidad de derechos. Desde UGT Andalucía convocamos estas movilizaciones porque creemos que la educación es fundamental para la sociedad y no puede ser sometida a reformas que, en vez de aumentar su ansiada calidad, la deteriore. Defendemos una educación de acceso igualitario y libre, en la que no haya imposiciones ni discriminaciones. Defendemos que el esfuerzo y el apoyo sea para la enseñanza pública y, a partir de ahí, lo que se quiera, porque la UGT, como la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, no quiere sistemas educativos milagrosos, sino un sistema, una ley consensuada que solucione los problemas que en los últimos años vive la educación española.

Manuel Pastrana Casado es secretario general de UGT-Andalucía.