Burda injerencia
La decisión de la juez de vigilancia penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso, de conceder el tercer grado y la libertad condicional a un preso etarra ha derivado en una burda injerencia del Gobierno en el campo de la justicia, más dañina para el Estado de derecho y la democracia que cualquier dislate judicial, por aberrante que sea. La decisión equivocada o errónea de un juez tiene cauces reglados para su corrección en el sistema judicial. Y en este sentido, el ministerio fiscal ha recurrido la decisión de la juez de Bilbao por considerarla jurídicamente endeble.
Lo que es difícilmente enmendable es el deterioro institucional que se produce siempre que desde el Gobierno se cuestiona públicamente la actuación de los jueces y se pretende condicionar sus decisiones. Ver a todo un vicepresidente primero del Gobierno dedicar una buena parte de la conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros a poner en entredicho el proceder profesional de una juez no deja de ser lamentable. No sólo no se guardan las más mínimas formas de respeto institucional exigibles, sino que se desciende al ataque directo y desconsiderado del proceder jurisdiccional de un miembro de la judicatura.
Hace tiempo que el Gobierno del PP se olvidó de su inicial promesa de abstenerse de criticar las resoluciones judiciales. Las descalifica siempre que dicen algo distinto de lo que quiere que digan en asuntos que le interesan. Pero ahora ha dado un paso si cabe más grave: poner en entredicho ante la opinión pública los fundamentos mismos de una decisión judicial. Si el Gobierno cree que la actuación de la juez de Bilbao vulnera la ley, lo procedente es instar al fiscal del Estado a querellarse contra ella por prevaricación.
Pero en este asunto no hay que olvidar la actuación del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, al poner en marcha una investigación que, según han denunciado siete vocales del Consejo, transciende el ámbito informativo y alcanza carácter de 'causa general' contra la actuación de la juez de Bilbao en la excarcelación de presos etarras. Si una decisión judicial plantea problemas de comprensión social, el CGPJ debe esclarecerla. Y la de excarcelar a un preso etarra condenado a casi tres siglos de cárcel por seis asesinatos los plantea. Pero flaco favor se hace a la independencia judicial si el presidente del órgano que tiene la tarea de ampararla se pone del lado del Gobierno cuando éste descalifica a una juez.
