La dimisión de los laboristas hace caer al Gobierno de unidad nacional de Sharon

El Gobierno de unidad nacional de Israel ha muerto. Los laboristas abandonaron ayer el Ejecutivo, poniendo fin a una colaboración con el partido nacionalista Likud, que ha durado 20 meses, alegando fútiles discrepancias en un apartado de la Ley de Presupuestos. La dimisión de los responsables de Defensa, Benjamín Ben Eliezer; Exteriores, Simón Peres y Cultura, Matan Vilnai, primero, y del resto de los ministros laboristas, después, dejan al jefe del Gobierno, Ariel Sharon, en minoría parlamentaria -55 diputados sobre un total de 120- y a las puertas de unas elecciones anticipadas.

El responsable del Partido Laborista, Ben Eliezer, y el primer ministro israelí, Ariel Sharon, negociaron ayer hasta el último minuto, directa o a través de personas interpuestas, una salida a la crisis, que se había generado tres días atrás, cuando el bloque laborista mostró inesperadamente su oposición con una partida de la Ley General de los Presupuestos del año 2003 en la que se contemplaba una ayuda de 150 millones de dólares a los asentamientos judíos de Cisjordania y Gaza, para mejorar su seguridad. Los laboristas, que un mes atrás habían apoyado el proyecto de presupuestos, solicitaron la modificación de esta partida y que sirviera para crear 20.000 puestos de trabajo y mejorar las pensiones de los desheredados.

La discusión estuvo a punto ayer al mediodía de quedar zanjada con un acuerdo, gracias a un pacto de principio, que negociaron Sharon y Ben Eliezer. La firma del documento quedó sin embargo atascada y se convirtió en papel mojado, en el último momento, como consecuencia de una discusión aparentemente baladí, respecto a una sola palabra, 'sectores', con la que los laboristas trataban de definir de manera general todas las capas sociales a las que debían de repartirse de manera equitativa esta partida presupuestaria, que en principio se destinaba únicamente a los 227.000 colonos, es decir al 4% de la población de Israel.

'En las condiciones socioeconómicas tan difíciles en las que vivimos, hemos dicho que no puede ser que haya niños hambrientos, ni que se perjudiquen las pensiones de los jubilados, y por eso pedimos reabrir los presupuestos', dijo Ben Eliezer al justificar su salida del Gobierno, al tiempo que recordaba la cifra récord de desempleo, debido a la crisis económica, que se inició en 1999 y que se agravó hace dos años con el estallido de la Intifada. Como síntesis, el líder laborista acabó pidiendo a los diputados el voto en contra de los presupuestos.

Su dimisión, como la de los demás ministros, será efectiva tras 48 horas, el sábado por la noche, al finalizar el Shabat.

La salida de los laboristas del Gobierno de unidad nacional, y su voto en contra, no impidió a renglón seguido que el partido nacionalista Likud, con Ariel Sharon a la cabeza, se saliera con la suya; la Ley de Presupuestos 2003 y la polémica partida de 150 millones de dólares para la seguridad de los colonos, fue aprobada por 67 de los 120 diputados de la Cámara. Sólo 46 votaron en contra. Se registraron dos abstenciones.

'Continuaremos gobernando con responsabilidad', afirmó Sharón ante el Parlamento, sin llegar a desvelar cuál será de ahora en adelante su estrategia. La coalición que apoya al primer ministro ha quedado en minoría, reducida a 55 escaños, de los que el Likud sólo tiene 19 puestos. El resto de los 36 escaños está fragmentado entre cinco formaciones de carácter radical religioso o rabiosamente nacionalista, que en cualquier momento podrían retirarle el sostén.

La situación de fragilidad en la que se encuentra el partido nacionalista Likud y sus eventuales aliados podría venirse definitivamente abajo el lunes, si prospera una moción de censura planteada por el partido laico pacifista, Meretz, en torno a la crisis económica en la que se encuentra sumida Israel, a la que se ha añadido en la última semana una huelga de los funcionarios. En el caso de que la moción de censura prosperase, Ariel Sharon se vería obligado a convocar elecciones anticipadas en un plazo no superior a los 90 días. Los observadores políticos pronostican que los comicios serán convocados para los meses de febrero o marzo, siete meses antes de lo previsto.