Detectadas graves irregularidades contables en las empresas públicas

El Tribunal de Cuentas hizo público ayer un informe demoledor sobre las cuentas estatales del año 1999, hasta el punto de considerarlas poco representativas de la situación real. El problema es 'muy relevante' en las empresas públicas, ya que la contabilidad es incompleta, no está consolidada -en el caso de la SEPI- y la memoria que acompaña esas cuentas incumple la legislación. En cuanto al Estado, el informe detecta 3.006 millones de euros pendientes de contabilizar. El PP sostiene que se trata de una nueva contabilidad.

A diferencia de informes anteriores, el Tribunal de Cuentas considera que la representatividad de las cuentas públicas del año 1999 'está limitada' por una serie de 'salvedades', reflejo de importantes deficiencias contables. También a diferencia de otros años, el informe agrupa todo el sector público, que abarca la Administración central, las empresas y las fundaciones adscritas.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, compareció ayer en el Congreso para explicar los resultados de este informe, donde los principales problemas son los siguientes:

- Empresas públicas. La contabilidad aportada por las empresas para la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas es incompleta, ya que hay hasta 40 sociedades, sobre un total de 242, que no han entregado sus cuentas o lo han hecho con retraso. La contabilidad se limita en unos casos a aplicar el criterio de 'simple agregación'; es decir, no se presenta balance consolidado en grupos como el de la Sociedad Estatatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esta presentación deficiente vulnera el artículo 42 y siguientes del Código de Comercio, según el Tribunal de Cuentas. Tampoco las memorias aportadas se ajustan al contenido y estructura que exige el Plan General Contable. Todas estas deficiencias suponen 'una dificultad muy relevante' a la hora de valorar la realidad de la situación financiera y patrimonial del sector público empresarial, dice el informe.

La diputada socialista Maite Costa anunció ayer que pedirá aclaraciones en el Congreso sobre dos operaciones concretas de la SEPI y que figuran en el informe. Se trata de la compra por parte de la SEPI de Astilleros Españoles (AESA) por 60 millones de euros por encima de su valor contable. También, sobre la venta de Astander por 1,8 millones de euros, después de haber 'inyectado' 24 millones de euros en la empresa 'para sanearla'. Costa dijo que el informe revela las 'trampas contables' del Gobierno, afirmación que fue rechazada por el diputado del PP Juan Manuel Albendea. 'No hay desmanes ni irregularidades', afirmó Albendea. Las 'disfunciones' responden, según él, a que en 1999 se aplicó por primera vez un nuevo sistema de contabilidad.

- Gastos no contabilizados. El Tribunal de Cuentas detecta 3.006 millones de euros (500.173 millones de pesetas) de gastos pendientes de contabilizar a finales de 1999. Se trata de una cantidad similar a la del año anterior y responde a partidas como el seguro de cambio de autopistas, aportaciones a la Unión Europea (UE) en concepto de multas por exceso de producción láctea, gastos de defensa por operaciones de ayuda humanitaria, apoyo a viviendas sociales, créditos a países como Marruecos, etcétera. El aplazamiento de gastos de un año a otro es relativamente habitual, pero el Gobierno del PP lo utilizó cuando ganó las elecciones de 1996 para denunciar que había heredado del PSOE un agujero de 721.170 millones de pesetas de entonces.

- Exceso de modificaciones. Otra de las críticas del Tribunal de Cuentas es que el Gobierno abusa de las modificaciones presupuestarias; es decir, de su discrecionalidad para aumentar los gastos sin respetar lo aprobado inicialmente por el Parlamento. En 1999, el informe resalta que esas modificaciones han supuesto aumentar un 12% las partidas iniciales en el caso del Estado.