La izquierda reprende al síndico mayor y le reclama que amplíe el número de auditores en la Sindicatura

Los grupos parlamentarios de izquierda reprendieron ayer al síndico mayor, Marià Nicolàs, porque no ha utilizado el superávit de la Sindicatura de Cuentas -que varias fuentes cifran entre 1,8 y 2,4 millones de euros- para ampliar el número de auditories de la entidad, a pesar del retraso con que la institución entrega sus informes a la Cámara. Nicolàs, elegido a propuesta de Convergència i Unió (CiU), mantiene al ralentí la institución, encargada de fiscalizar las cuentas públicas en Cataluña, y evita convocar oposiciones para ampliar el número de auditores, aun contando con el beneplácito del Parlament desde hace siete meses.

La comparecencia de ayer de los síndicos en la Cámara fue, no obstante, tranquila. Los portavoces de los grupos de izquierda mostraron su malestar por la situación de la Sindicatura, aunque con formas muy suaves, y no hubo ninguna votación. Además, el portavoz del Partido Popular (PP), Josep Maria Fabregat, que en otras ocasiones ha sido muy crítico con la actuación de Nicolàs, no pudo intervenir en la primera parte del debate por encontrarse en un atasco circulatorio.

En su intervención, Nicolàs eludió concretar a cuánto asciende el superávit de la institución, a pesar de que lo preguntaron con insistencia el socialista Martí Carnicer, el republicano Francesc Ferrer y el ecosocialista José Luis López Bulla. Pese a que también se le exigieron explicaciones, el síndico mayor, que se vio arropado en todo momento por el portavoz de CiU, Marià Curto, pasó de puntillas por el retraso en la elaboración del informe sobre el caso Pallerols: antes del verano el Parlament le exigió una ampliación por considerar que la Sindicatura no investigaba suficientemente a la Generalitat y Nicolàs se resistió a asumirla hasta la semana pasada, cuando se vio obligado a ello por imposición del pleno de la propia Sindicatura.

En el citado pleno, varios síndicos exigieron a Nicolàs la convocatoria de las oposiciones para crear cuatro plazas de auditores y seis de ayudantes técnicos para auditores con objeto de que la Sindicatura realice su trabajo con más celeridad. No obstante, Nicolàs dejó ayer claro que esta ampliación no es prioritaria para él.

Críticas al ICF

En la sesión parlamentaria de ayer se debatió sobre informes elaborados hace mucho tiempo, como los presupuestos internos de la Sindicatura para el año 2000 y la gestión del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) en 1998. Socialistas, Iniciativa y el PP se mostraron alarmados por las conclusiones del informe sobre el ICF, elaborado por el síndico Manuel Barrado, en el que se describe una gestión que, a juicio del socialista Martí Carnicer, se aproxima a la prevaricación porque la institución ha mantenido prácticas que la Sindicatura, en informes anteriores, consideraba improcedentes. Entre otras, se cita la concesión de créditos a personal de la ICF -por valor de 48.000 euros- y de gratificaciones no reguladas.

Los diputados ironizaron sobre las 4.321 obras de arte acumuladas por el ICF en compensación de créditos no devueltos. El informe también revela que en 1998 el Gobierno catalán tuvo que aportar casi 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros) por operaciones avaladas por el ICF que finalmente resultaron fallidas.