Invierno económico: las ayudas de Estado

'No es un pecado que el Estado intervenga'. Estas palabras no corresponden a un sindicalista ni a un político socialdemócrata. Fueron pronunciadas por el gobernador del Banco de Italia, Antonio Fazio, cuando se discutía si el Estado debía aportar dinero público para salvar de la quiebra al gigante automovilístico Fiat. No son excepcionales. En estas semanas estamos contemplando numerosos ejemplos de peticiones de ayuda al dinero público para salvar a todo tipo de empresas, de capital público o privado, de tal modo que no es impertinente preguntarse si la salvedad puede devenir en norma. En tiempos de invierno económico, los paradigmas mantenidos a machamartillo se quiebran una y otra vez.

Los casos son muy abundantes: en los sectores de los fabricantes de automóviles, telecomunicaciones, compañías aéreas, energía. Fiat contiene la primera paradoja de la situación: la mayor parte de los sectores de opinión italianos demandan la ayuda del Estado en cualquier modalidad, mientras son dos italianos, el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, y el comisario de la competencia, Mario Monti, los que se oponen a que se rompan las reglas del juego y los que advierten de que cualquier plan de salvación deberá contemplar antes el visto bueno de Bruselas.

No es la única contradicción. Alemania ha concedido 400 millones de euros a MobilCom para evitar la suspensión de pagos y estudia si tendrá que abrir el maná a Deutsche Telekom, empresa de la que es accionista mayoritario (43% de su capital). Esas ayudas podrían salir del dinero obtenido por el Gobierno alemán en la subasta de las licencias de telefonía móvil de tercera generación, las célebres UMTS. Es decir, con una mano ingresa el dinero en las arcas del Estado y con la otra lo suelta para ayudar a las compañías, algunas de las cuales se endeudaron para participar en esa subasta. A continuación, otras competidoras del sector como la finlandesa Sonora han pedido el mismo tratamiento para que se respete la competencia.

Los apoyos estatales a MobilCom fueron necesarios al negarse el accionista de referencia de esta empresa de telecomunicaciones, la compañía francesa France Télécom, a seguir poniendo dinero en la primera. France Télécom (cuyo primer accionista es el Estado francés, con el 56% de las acciones) posee el 27% del capital de MobilCom. Y es que France Télécom también tiene sus problemas autóctonos, con un gigantesco endeudamiento de 70.000 millones de euros. El Gobierno de derechas de Raffarin estudia bajo qué modalidad ayudar a su empresa de referencia. Por otra parte, la Comisión Europea ha abierto una investigación a Eléctricité de France (EDF), la compañía estatal francesa, para saber si goza de ventajas comparativas como serían tipos de interés preferenciales o un régimen fiscal más ventajoso que sus competidores. En este tiempo, EDF ha seguido adquiriendo empresas no sólo en Francia, sino en otros países como España (Hidroeléctrica del Cantábrico) o Italia (Edison). Tony Blair ha concedido un préstamo de 450 millones de libras a British Energy para evitar que fuese a la quiebra. Esta empresa pertenece al bloque de empresas públicas que fueron privatizadas en 1996 por el Gobierno conservador. También lo era la empresa ferroviaria Railtrack, de la que tuvo que hacerse cargo el Gobierno laborista con el objeto de reestructurarla, en una especie de nacionalización de pérdidas.

La avalancha de demandas de ayudas públicas está generando una tensión más entre la Comisión Europea y los Gobiernos. La primera es la que defiende los argumentos más ortodoxos: las subvenciones distorsionan el mercado y generan una competencia desleal; las concesiones de ayudas de Estado son incompatibles con la normativa comunitaria.

Las preguntas son las siguientes: en caso de crisis empresarial, ¿quién debe pagar la misma, los accionistas de la compañía o los contribuyentes de los países afectados? La respuesta que se dé a la anterior cuestión ¿vale también para el sistema financiero?