Sindicatos y municipios, salvo los del PP, renuevan su unión en pro del subsidio agrario

Los sindicatos y la mayor parte de los Ayuntamientos andaluces escenificaron ayer el inicio de una nueva campaña de 'agitación social' para forzar al Gobierno a mantener el subsidio agrario, la única reivindicación sindical que ha quedado fuera de la rectificación del decretazo que anunció el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, a principios de mes. Los secretarios regionales de UGT y CC OO, Manuel Pastrana y Julio Ruiz, ante más de 400 alcaldes y cargos municipales, reclamaron y consiguieron el respaldo de los Ayuntamientos para la movilización, que culminará con una marcha en Sevilla a finales de noviembre. Sólo les faltó el apoyo de los municipios del PP, cuyos representantes no acudieron a la reunión de la FAMP.

'Nos vais a tener un paso detrás de vosotros en esta lucha', proclamó el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), el socialista José Moratalla, tras considerar 'aprobado por aclamación' el acuerdo por el que todos los Ayuntamientos, salvo los gobernados por el PP, se comprometían a apoyar activamente las movilizaciones programadas por los sindicatos. Así, los representantes municipales del PSOE, IU, PA y PSA (que se quejó por no haber podido intervenir públicamente en la sesión), promoverán durante las próximas semanas concentraciones ante las subdelegaciones del Gobierno central en cada capital de provincia y encierros en las sedes locales del Inem. También respaldarán una jornada de huelga general en el medio rural y la convocatoria de una manifestación en Sevilla a finales del mes de noviembre.

Los Ayuntamientos, cuya participación fue determinante en el éxito de las primeras movilizaciones sindicales en Andalucía contra el decretazo de mayo, enviarán un documento al Gobierno central en el que defienden el mantenimiento del subsidio agrario y reclaman la restitución de los derechos laborales de los jornaleros afectados. Una vez dados estos pasos, la FAMP plantea una mesa de negociación a cuatro bandas (Gobierno, agentes sociales, Junta de Andalucía y Ayuntamientos) para incorporar mejoras en el sistema de protección para los trabajadores agrarios eventuales de Andalucía y Extremadura.

Según los sindicatos, casi 10.000 jornaleros no han podido cobrar en los últimos cinco meses el subsidio agrario pese a haber echado las 35 peonadas necesarias que antes les hubiesen garantizado el pago anual de unos 2.000 euros. UGT y CC OO mantienen que el decretazo llevaría a medio plazo a la extinción del sistema por las nuevas condiciones impuestas: entre otras, exigir al jornalero que no pase más de tres meses sin presentar peonadas o haber sido beneficiario del subsidio en alguno de los últimos tres años. Esos 10.000 jornaleros tampoco han podido acogerse al sistema alternativo planteado por el Gobierno, que requiere 360 días cotizados para tres meses de prestación.

Los líderes sindicales abundaron ante los cargos municipales en la necesidad de reactivar 'la lucha' para obligar al Ejecutivo a eliminar los cambios en el subsidio agrario, el único aspecto conflictivo del decretazo en el que no ha habido marcha atrás. 'Esta es una muestra más de la animadversión del PP por Andalucía', sostuvo el secretario regional de CC OO, Julio Ruiz, quien afirmó que si los populares no modifican también la reforma del subsidio, 'no merecen ni un voto de los andaluces'. 'Hasta ahora no hemos optado por nadie, pero vamos a señalar quiénes son los culpables de que no haya subsidio', corroboró el secretario regional de UGT, Manuel Pastrana, quien subrayó que los sindicatos 'saben muy bien cuál es la próxima fecha electoral', en alusión a las elecciones municipales que se celebrarán en primavera.

Pastrana y Ruiz agradecieron el apoyo de los municipios en las movilizaciones que rodearon la huelga general del 20 de junio. Pero insistieron en mantener la 'unidad de discurso' en las reivindicaciones. 'Esto no es sólo una pelea sindical, es un debate ideológico en el que nos jugamos la distribución futura de la población andaluza y su modelo de calidad de vida', indicó el secretario regional de UGT en referencia a un hipotético éxodo de las zonas rurales a las ciudades si se elimina el subsidio agrario. En sus intervenciones, ambos líderes sindicales recalcaron que el subsidio agrario es 'un sistema contributivo, con obligaciones para los trabajadores, no caritativo', y dejaron claron que están dispuestos a negociar mejoras en el sistema sólo si el Gobierno central 'restituye los derechos' a los jornaleros mediante la eliminación de la reforma incluida en el decretazo.