La alcaldesa de Arteaga decide solicitar un tercer informe sobre las irregularidades en el chalet de Ardanza

La alcaldesa de Gauteguiz de Arteaga, la peneuvista Arantza Madariaga, pedirá un tercer informe técnico sobre las modificaciones en el proyecto del chalet que se ha construido el ex lehendakari y presidente de Euskaltel, José Antonio Ardanza, en Urdaibai. Un estudio del Patronato de la reserva de la biosfera, órgano que depende del Gobierno vasco, certificó hace un mes que las obras realizadas vulneran la ley de protección de este enclave.

La alcaldesa, que tiene la competencia urbanística para decidir sobre este asunto, es partidaria de legalizar la obra, en la que el Gobierno ve diversas irregularidades, como el aumento en un 68% de la superficie edificada cuando el máximo autorizado en Urdaibai es del 25%; la superación de la altura del caserón en 1,20 metros y la construcción de una piscina.

Madariaga, quien junto a un representante de la Diputación votó en contra del informe del Ejecutivo en la reunión del Patronato de hace un mes, ha considerado 'legalizables' los cambios introducidos. Además, se basa en otro estudio realizado por el arquitecto de Arteaga que da esa opinión. Ante esta situación, y visto lo que le han comentado los asesores jurídicos del Ayuntamiento, la alcaldesa aseguró ayer que pedirá un tercer informe externo, aunque no concretó a quién se lo encargará. 'Con esto y el informe jurídico tomaré una decisión', anunció.

Tanto la primera edil como la sociedad Construcciones Urasa, la solicitante en nombre de Ardanza del permiso de obra, han señalado que el informe del Gobierno es preceptivo, pero no vinculante. El Departamento de Medio Ambiente se ha remitido a la ley de Urdaibai, que obliga a los consistorios a cumplirla en suelos no urbanos, como el caso del caserón del ex lehendakari. La normativa de la reserva obliga a que cualquier actuación urbanística en terrenos rurales tenga que ser autorizada por el Patronato de Urdaibai, además del habitual permiso municipal.

La polémica sobre este inmueble se inició en mayo tras una denuncia del Taller de Ecología y ha llegado a las Juntas Generales de Vizcaya, donde la Diputación aseguró que las irregularidades 'en caso de que sean infracciones no son graves'. PP y Batasuna han criticado la pasividad foral.