Tres directivos de la promotora de viviendas CPV, citados por el juez

Un juez de Madrid ha citado como imputados en una supuesta estafa, para el próximo 13 de noviembre, a los tres máximos directivos de Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV). Sobre esta promotora pesa una querella interpuesta, de momento, por seis de las 1.200 familias que anticiparon en 1998 dinero a CPV -una media de 18.000 euros- y que se han quedado sin sus viviendas tras haber vendido esta inmobiliaria el suelo que adquirió en los nuevos barrios de Montecarmelo, Sanchinarro y Las Tablas. Alberto Cerdans, representante en España de la firma italiana Europa Cauzioni, que avaló los anticipos entregados a CPV, estuvo encarcelado en enero pasado por avales fraudulentos.

El Juzgado de Instrucción número 8 de la plaza de Castilla acaba de hacerse cargo del caso CPV. Nada más recibir la querella ha citado en calidad de imputados de esta supuesta estafa a Francisco Javier y Miguel Ángel García Sánchez y a Miguel Ángel Morillo del Pozo. Contra ellos se han querellado seis de las 1.200 familias afectadas en el caso CPV. Se trata de los hermanos Ignacio y Lucía Municio, Francisco Cumplido Cumplido, Elena Barrionuevo Frutos y los también hermanos María Paz y Fernando Sanz Montilla. Estas seis personas han acudido a la vía penal mediante una querella. Pero hay otras 30 familias que el pasado mes de septiembre interpusieron una demanda en la jurisdicción civil. El resto de afectados tiene previsto reunirse a las diez de la mañana de hoy en el número 59 de la calle de Diego de León para debatir el problema y buscar a un abogado que les lleve conjuntamente el caso.

Anticipo de ahorros

En síntesis, la querella que ya tramita el Juzgado de Instrucción 8 de la plaza de Castilla refleja las vicistudes con que se han topado los seis primeros querellantes desde que adelantaron a CPV sus ahorros a cambio de que esta inmobiliaria les construyese una casa en los nuevos barrios de Las Tablas, Montercarmelo y Sanchinarro. Estas seis familias reclaman al juzgado que imponga una fianza de 100.000 euros a los directivos de CPV y que se investigue el destino dado a su dinero por los responsables de la citada inmobiliaria. La Ley impone a las inmobiliarias la obligación de depositar en una cuenta bancaria especial el dinero que reciben de los ciudadanos a cuenta, como señal, para la adquisición de una vivienda. Además, las inmobiliarias están obligadas por ley a garantizar ese dinero mediante avales bancarios o pólizas de seguros. Es una forma de salvaguardar el dinero por si la promotora incumple unilateralmente su compromiso de levantar las viviendas prometidas.

CPV vulneró la ley en este aspecto. Ya que, para garantizar el dinero entregado por las 1.200 familias, no acudió ni a un banco ni a una aseguradora. Al contrario, acudió a una financiera radicada en Roma (Italia), que ni es entidad bancaria ni compañía aseguradora. Se trata de Europa Cauzioni. Esta firma, según un certificado emitido por el Ministerio de Economía y Hacienda, no está registrada como aseguradora ni en España ni en Italia y, por tanto, carece de autorización para desempeñar ese cometido (ver EL PAÍS de ayer). Pese a ello, los directivos de CPV informaron a sus clientes de que Europa Cauzioni era 'una compañía aseguradora' y que habían firmado con ella, por importe de 30 millones de euros (unos 5.000 millones de pesetas), un contrato mediante el cual se garantizaba el dinero entregado a cuenta por las 1.200 familias. CPV dice que ha devuelto anticipios por un importe algo superior a 2.000 millones de pesetas a 945 de los 1.200 afectados.

Europa Cauzioni no es una aseguradora, como falsamente certificó CPV a sus clientes, y, además, su apoderado en España, Alberto Cerdans, está bajo sospecha. Éste, que figura como representante de la financiera italiana en España, ingresó en una carcel de Cataluña el pasado enero. Un juez de Barcelona decretó su prisión provisional el pasado 23 de enero al considerarle el principal acusado de una trama empresarial supuestamente implicada en un fraude de 300 millones de euros (unos 50.000 millones de pesetas) a un centenar de empresas de toda España. La trama, supuestamente dirigida por Cerdans, era extremadamente lucrativa y se basaba en avalar el retorno de deudas contraídas por terceros de las que, en el caso de no cumplir, respondería la misma empresa reaseguradora a camibo de una prima. La investigación del caso comenzó cuando varias empresas no cobraron las deudas contraídas por sus clientes y la empresa avalista tampoco respondió de ellas. Fue detenido en el aeropuerto de Barcelona cuando intentaba tomar un avión con destino a Roma. Posteriormente, el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona, del que es titular el magistrado Eduardo Navarro, lo dejó en libertad sin fianza, pero con cargos por su implicación en una supuesta emisión de avales falsos.