El fiscal atribuye seis delitos a los imputados por presunta financiación de Unió

Prevaricación, malversación, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias y fraude en subvenciones. Son los supuestos delitos que, según el fiscal, cometieron los imputados en el llamado caso Pallerols, sobre presunta financiación irregular de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) con las subvenciones otorgadas para cursos de formación de parados. El fiscal hace estas consideraciones en un escrito dirigido a la juez que se conoció ayer al levantarse el secreto del sumario. El fiscal solicitaba varias pruebas, entre ellas el pinchazo de los teléfonos de los imputados.

El escrito del fiscal anticorrupción Carlos Ramos lleva fecha del 27 de junio y fue aceptado por la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López. El secreto de las actuaciones fue prorrogado en dos ocasiones durante el pasado verano y se levantó el pasado lunes. Ayer fue el primer día en que las partes tuvieron acceso a las diligencias, entre ellas el escrito del fiscal.

Las pruebas solicitadas por el fiscal ya han concluido y, según fuentes judiciales, han servido para demostrar unos supuestos pagos del empresario andorrano Fidel Pallerols a personas vinculadas a Unió o bien para financiar el mobiliario y los equipos informáticos de las sedes del partido en el barrio de Sants de Barcelona y en la localidad de Vilanova i la Geltrú.

La tesis de la fiscalía, asumida por la juez instructora, es que el 10% de esas subvenciones otorgadas por el Departamento de Trabajo de la Generalitat entre 1995 y 2000 a los centros de formación de Pallerols, el llamado grupo CEI, se desviaron para financiar el partido democristiano. El diputado socialista en el Parlamento catalán Josep Maria Rañé cifró el pasado mes de abril esas subvenciones en 839.152 euros (más de 139 millones de pesetas). La cartera de Trabajo del Gobierno catalán siempre ha estado en manos de Unió Democràtica, el partido que lidera Josep Antoni Duran Lleida.

La fiscalía concreta la conducta de los seis principales inculpados en el caso y afirma que existen 'abundantes y evidentes indicios' de que pudieron cometer los citados delitos. Así, el fiscal afirma que Vicenç Gavaldà, secretario de organización de Unió cuando ocurrieron los hechos, es la persona que 'contacta, intermedia y liquida con Fidel Pallerols el 10% de las subvenciones'.

De su hermano Lluis Gavaldà, también militante de UDC, afirma que era director general de Trabajo de la Generalitat y socio de la empresa Euro Bras, también participada por Pallerols. Finalmente, de Dolors Llorens, subdirectora de Empleo en la época, y de Juan Martin Toribio, funcionario del mismo departamento, el fiscal dice que 'eran personas de contacto' de Pallerols en el Departamento de Trabajo. Llorens pertenece en la actualidad al Comité de Gobierno de Unió.

Jordi Casas, portavoz de UDC, afirmó ayer que este partido, 'como organización, nunca ha recibido ningún tipo de financiación irregular' y recordó que, cuando se descubrió el caso, el partido fue 'investigado' por una 'comisión de expertos independientes', que llegó a la misma conclusión. La comisión fue nombrada por el propio partido. Casas añadió que el partido confía en que 'al final, la sentencia sobre el caso haga bueno ese informe' y precisó que, después del levantamiento del secreto del sumario, no ven 'ningún elemento nuevo que implique a Unió'.

En otro apartado del informe, el fiscal asegura que Durán Lleida pretendió intimidar y condicionar a una testigo del caso cuando se querelló contra ella después de que hubiera declarado en la causa e implicado a un ex dirigente del partido. La querella no fue admitida a trámite.

El portavoz Jordi Casas replicó ayer: 'Que nos diga el señor fiscal cómo podemos defendernos cuando se nos hacen imputaciones falsas'. Entre los documentos figuran unas conversaciones recientes de Vicenç Gavaldà en las que explica a su interlocutor que 'sí se ha financiado Unió ilegalmente' y alude, en tono jocoso, a que Durán le ha pagado '300' (millones de pesetas). También se refiere a la vida privada del dirigente de UDC. 'Esas conversaciones me producen vergüenza ', afirmó Jordi Casas.