El PP acusa a la consejera de Economía de 'corrupción política' e 'ilegalidad' en un agrio debate parlamentario

La consejera andaluza de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, protagonizó ayer un agrio debate con diputados de las filas del Partido Popular, en el que se cruzaron acusaciones de corrupción, peticiones de dimisión y se lanzaron sospechas sobre los procedimientos políticos. La decisión del departamento de Magdalena Álvarez de enviar a auditores privados, como auxiliares, para inspeccionar las cuentas de las seis cajas de ahorro de la comunidad fue calificada por el portavoz del PP, Antonio Sanz, como una actuación 'ilegal' y un 'atropello jurídico'.

Antes de debatir con Antonio Sanz, la consejera de Economía y Hacienda tuvo que responder a una pregunta del diputado del Partido Popular y alcalde de Gibraleón (Huelva), José Luis Rodríguez, sobre los criterios de la Junta de Andalucía para subvencionar las ferias comerciales. En concreto, Rodríguez aludió a la falta de ayudas a la celebrada en su localidad y al hecho de que Economía hubiera recabado datos antes de tomar una decisión. 'Fiscalizar ferias que no se han celebrado se llama corrupción política', espetó.

La consejera Álvarez aseguró que no concedió la subvención a dicha feria porque la mayoría del dinero reclamado a la Junta de Andalucía iba destinado a gastos de protocolo y propaganda del acto, en vez de al propio certamen. 'Y no le consiento', le advirtió Álvares, 'que bajo el concepto de corrupción política pueda hacer cualquier cosa. Nos acusa de corrupción cuando son ustedes grandes expertos'.

Momentos después, Álvarez escuchó cómo el portavoz y secretario general del Partido Popular en la comunidad, Antonio Sanz, pidió su dimisión como consejera por su decisión de que auditores privados ayuden a técnicos de la Junta andaluza a inspeccionar las cuentas de las cajas de ahorros. Según Sanz, esta decisión del departamento de Economía y Hacienda es 'ilegal', supone 'un atropello jurídico' y provoca 'inseguridad' en los ahorradores e impositores. 'Dimita como consejera porque se ha convertido en un peligro para el sistema financiero andaluz y deje de montar broncas al Gobierno'.

Álvarez no se tomó en serio la petición de dimisión. 'Me han reprobado no sé cuántas veces, cuando ustedes no me pueden nombrar ni destituir, aunque comprendo que usted quisiera que desapareciera del mundo, pero me van a tener que aguantar que les cuente las verdades del barquero'.

El debate, que se desarrolló en medio de increpaciones entre diputados del PP y socialistas, siguió por esos derroteros, cuando Álvarez reconoció que 'es un peligro, pero para el PP', porque, según ella, pone 'en evidencia sus desmanes' y 'errores'. La consejera aseguró que no ha encargado tareas de inspección de las entidades a una empresa privada, sino 'labores auxiliares' y de colaboración a las que realizan los inspectores de la Junta. 'Se lo habrán filtrado sus amigos de Cajasur . ¿Qué ocultan ustedes en Cajasur para que no quieran esas inspecciones?', preguntó Álvarez, que acusó a los conservadores de mantener 'conexiones extrañas' con dicha institución de ahorro cordobesa.

El diputado popular Salvador Fuentes, que seguía el debate desde su escaño, aprovechó esta alusión a la caja presidida por el sacerdote Miguel Castillejo para, desde su banca, afirmar: 'No te metas con el cura que vas a ir al infierno', a lo que la consejera de Economía y Hacienda replicó que los que se iban a 'quemar' eran los miembros del Partido Popular y además por 'pecados mortales'.

Álvarez reprochó a los populares que le acusen a ella de cometer ilegalidades en las cajas con las inspecciones a las entidades de ahorro, cuando el propio Partido Popular defendía lo mismo que la Junta en su anteproyecto de ley Financiera, aunque desapareció en la redacción final del proyecto. En el anteproyecto se señalaba que la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España podrían emitir informes de inspección y que éstos podrían ser encomendados a auditores externos.