Los líderes de la UE, divididos ante el coste de la ampliación

La cumbre europea de dos días que comienza esta tarde presagia tormenta. Los líderes europeos acuden a Bruselas profundamente divididos para pactar la factura de la ampliación prevista para 2004. Hasta el punto de que la presidencia de la UE, la danesa, no descarta prolongar la reunión hasta el sábado o incluso el domingo, mientras alguno teme otra cumbre extraordinaria posterior.

Si en Bruselas no se sientan las bases para alcanzar un acuerdo definitivo antes de fin de año, 'no se producirá la ampliación', al menos en el año 2004, advierte el ministro danés de Asuntos Exteriores, Per Stig Moeller. El objetivo de la cumbre es doble.

De un lado, la Unión Europea dará luz verde a las recomendaciones de la Comisión para concluir antes de fin de año las negociaciones de adhesión con diez nuevos países, de modo que entren en la UE en 2004, aunque con salvaguardias y controles para asegurar que cumplen las condiciones.

De otro, los Quince tienen que fijar la factura de esa ampliación para los años 2004, 2005 y 2006, valorada por la Comisión en 44.000 millones de euros. Es en este capítulo donde se plantean los contenciosos.

La Comisión asigna a este capítulo 9.500 millones de euros, de los que 3.900 serían para pagos directos a los agricultores. En el año 2004 sólo recibirían el 25% de lo que les correspondería si hoy estuvieran en la Unión Europea y el 100% en el año 2013.

Alemania, con Holanda, Suecia y el Reino Unido, quiere dejar constancia de que los pagos directos (28.000 millones anuales en la actualidad) no pueden regirse en el futuro con los mismos criterios con países como Polonia (el 38% de sus 40 millones de habitantes viven en el campo) en el club a no ser que Francia o España acepten renunciar a buena parte de sus ingresos.

'Berlín no pondrá más dinero, por lo que deben repartírselo entre los actuales beneficiarios y los futuros', advierte un portavoz alemán.

La propuesta de la Comisión, apoyada por Dinamarca, prevé 25.000 millones de euros para ayudas regionales a los candidatos, es decir, unos 136 euros por habitante al año, cuando hoy los países beneficiarios de esos fondos, como España, ingresan por ese capítulo unos 236 euros por habitante. Aun así, Alemania ya ha dicho que quiere rebajar la cantidad a 21.400 millones. España ve en peligro el futuro de la actual política regional.

Chipre, la República Checa, Hungría, Eslovenia y Malta serían contribuyentes netos en cuanto entraran en la Unión Europea. Para evitarlo, los Quince les entregarán una compensación de unos 1.200 millones de euros en tres años.

Para rebajar la cifra, Dinamarca ya ha propuesto adelantarles a cuenta una parte de los fondos regionales y hay prácticamente consenso al respecto.

Como fondo, subyace una polémica de mayor alcance. Para los países contribuyentes netos al presupuesto europeo, es la ocasión de dejar claro que en el futuro la costosa Política Agrícola Común (PAC, 43.650 millones de euros en 2001, el 45% del presupuesto de la Unión Europea) debe reducirse drásticamente.

Como gran perjudicado por ello, Francia sugiere que también queden en entredicho los fondos regionales, parte de los cuales van a Berlín.

En ambos casos, España sería la gran víctima. De paso, París pone en duda la supervivencia del cheque británico (3.100 millones anuales, de los que Francia paga el 30%).

'No estoy de acuerdo con mezclar las políticas comunitarias y la ampliación', ha dicho José María Aznar a Il Sole 24 Ore.

'La PAC no debe tocarse hasta 2006', señala el ministro francés de Exteriores, Dominique De Villepin. 'El cheque británico no está en el orden del día de la cumbre', responde a París el ministro británico Jack Straw.

Hablan así quienes pueden resultar perjudicados en el futuro. Los perjudicados hoy son los diez candidatos, que no sólo recibirán poco dinero ('que la tacañería no frene la ampliación', clamaron ayer los socialistas españoles), sino que incluso temen un retraso en la fecha de ingreso.