El Gobierno pretende endosar el fraude del lino a Bono, el presidente regional que lo denunció

La Comisión Europea (CE) reclama a España la devolución de 99,23 millones de euros por el fraude en las ayudas al cultivo del lino de las campañas 1998-1999 y 1999-2000. El Gobierno del PP reaccionó ayer culpando de lo ocurrido al presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José Bono, cuyo Gobierno denunció el fraude; un portavoz de éste manifestó: 'Es de una caradura increíble. Sería como echarle la culpa a la Guardia Civil por descubrir a un ladrón'. La ex ministra de Agricultura y hoy vicepresidenta de la CE, Loyola de Palacio, concluyó: 'Lo van a tener que pagar todos los agricultores'.

El Ministerio de Agricultura ha enviado cartas a las administraciones autonómicas afectadas por el fraude: las comunidades de Extremadura, Castilla y Legón y Castilla-La Mancha. El ministro Miguel Arias Cañete anunció ayer que su departamento está dispuesto a llegar hasta las 'últimas instancias' judiciales para defender a las comunidades de Extremadura y Castilla y León. No lo hará con Castilla-La Mancha, porque su presidente admitió el fraude, según recordó ayer Arias Cañete.

Lo que hizo en su día el Gobierno de José Bono fue denunciar que existía el fraude y que algunos de los beneficiados estaban relacionados con altos cargos del Ministerio de Agricultura, entonces dirigido por Loyola de Palacio, y del Gobierno del PP.

'Muchos altos cargos del Partido Popular han quedado ahora con las vergüenzas al aire', afirmó ayer Emiliano García-Page, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha. 'Si ya hay un fraude lo que no puede hacer el ministerio es otro fraude manipulando la información e intentando trasladar la responsabilidad a las comunidades autónomas', añadió.

El ministro de Agricultura eludió cualquier responsabilidad -'es de las comunidades autónomas', declaró- y acusó al Ejecutivo de Bono de poner 'cortinas de humo' y de ser el culpable de lo ocurrido al 'iniciar una caza de brujas que ha terminado perjudicando a todos los agricultores'. 'El señor Bono y su consejero de Agricultura tendrán que explicar a los agricultores de Castilla-La Mancha que van a tener que devolver las ayudas por la cacería política iniciada desde hace algún tiempo', concluyó el ministro. Le siguió el PP en el ataque: 'La patraña electoralista de Bono ha tenido unas consecuencias nefastas'.

El consejero de Agricultura, Alejandro Alonso, contestó con una acusación: 'Personas del Ministerio de Agricultura avisaron a amigos para beneficiarse de la situación del lino'.

La subvención europea por hectárea cultivada ascendía a 130.000 pesetas, mientras que cualquier otro cultivo sólo recibía entre 25.000 y 30.000. Entre 1996 y 2000, la superficie cultivada de lino en España se multiplicó por diez. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) descubrió que en España se había producido una 'excesiva declaración de la producción de paja de lino obtenida de las parcelas destinadas al cultivo de esta planta'. También destapó solicitudes de subvención 'falsificadas' y 'falsas declaraciones de transformación certificadas por unidades de transformación de lino'.

Las asociaciones de agricultores reclamaron que no se les obligue a devolver las ayudas.