Una ley de 2001 impone la corresponsabilidad autonómica

La política de corresponsabilidad de las comunidades autónomas en el control de las subvenciones europeas fue puesta en marcha por el Gobierno del Partido Popular con la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado de 2001.

Desde su entrada en vigor el pasado año, ésta sería la primera vez que se pondría en marcha esta medida. Los presupuestos de las comunidades afectadas se verían seriamente afectados si finalmente se les detraen esas cantidades.

En relación con los pagos de la Unión Europea al sector agrario, cuando en una determinada producción se supera la cuota o el cupo asignado, Bruselas aplica automáticamente los recortes correspondientes de las ayudas y ese dinero no llega a los bolsillos de cada agricultor. Esto es lo que sucede por ejemplo en producciones como el maíz, aceite de oliva, trigo duro o los diferentes derechos de ayuda en la ganadería.

Frente a esta situación general, donde cada agricultor o ganadero sufre las penalizaciones en las ayudas, en los últimos años se ha producido una excepción: la sanción por superar la cuota de producción lechera, donde cada gobierno regional tiene también la obligación del control.

En la última década, España ha sido objeto de penalizaciones por un montante de unos 1.400 millones de euros, más de 230.000 millones de pesetas, pagos que afectaban fundamentalmente a ganaderos del norte y muy especialmente a Galicia donde desde la propia Xunta, lejos de controlar, se animó a seguir produciendo porque no se pagaría la multa. Esos pagos nunca se han reclamado ni cobrado a los ganaderos y Bruselas se ha limitado a deducir anualmente la cantidad correspondiente de la cuenta asignada a España.