El alcalde de Jaén defiende la legalidad de los contratos a parientes de militantes del PP

Sánchez de Alcázar leyó ayer una escueta nota para justificar los contratos a personas afines al PP. 'Se ha cumplido escrupulosamente la legalidad vigente', remarcó. Tras considerar 'elevado' el nivel de entendimiento con los sindicatos en el Ayuntamiento, Sánchez de Alcázar dijo que en todos los contratos se habían respetado los principios de igualdad, mérito y capacidad.

El alcalde jiennense eludió analizar, uno a uno, los contratos que, a juicio de la oposición, suponen un caso de presunto nepotismo en el Ayuntamiento. Se limitó a indicar que las relaciones de parentesco en los empleos han sido 'muy pocas' y añadió que estos casos afectan también a otros concejales de la oposición, que no especificó. Al apuntar hacia otras instituciones públicas donde, a su juicio, se producen situaciones análogas, el primer edil jiennense no dio ningún nombre, aunque su concejal de Personal, Rafael Cabrera, sí que acusó directamente a la Diputación, gobernada por los socialistas, de contratar a personas afines a cargos del PSOE.

Sánchez de Alcázar reconoció también la alta eventualidad laboral existente en el Ayuntamiento. Los sindicatos han cifrado en menos de 400 los funcionarios existentes, sobre una plantilla de 1.100 trabajadores. 'La estabilidad puede ser un objetivo a tener en cuenta', manifestó.

Como hiciera el día anterior el concejal de Personal, el alcalde recordó que el Ayuntamiento se nutre de las listas del Inem para seleccionar al personal. Sin embargo, silenció las muchas resoluciones en las que se han basado los gerentes y presidentes de los distintos patronatos municipales para justificar contratos a personas afines al PP. Ahí están, por ejemplo, la resolución de 2 de febrero de 2001 contratando para un puesto de trabajadora social a la hermana del portavoz en el Ayuntamiento de Andújar sólo en base a su titulación y su experiencia; o la resolución de 2 de enero de 2002 contratando a la sobrina del gerente de Asuntos Sociales como responsable del programa Ciudades sin Drogas sin mayor justificación que la renuncia de la jefa anterior.

En otros casos lo que empezó siendo un contrato por sustitución se prolongó durante varios años. Como el realizado el 9 de septiembre de 1999 por el Patronato de Asuntos Sociales a Ángeles Ordóñez, que iba en las listas del PP en la última legislatura. También en septiembre de 1999, el concejal de Asuntos Sociales, Antonio Lucas, se amparó en una 'grave situación de emergencia social' para contratar a su cuñada como auxiliar de los comedores escolares. Tampoco se acudió al Inem para contratar, junto a otras ocho personas, a la hermana de la que fue alcaldesa de Jimena por el PP, Catalina García Carrasco. El 18 de marzo de este año, 'a la vista de la capacitación técnica del personal y ante la imposibilidad de disponer de tiempo material para realizar una selección y formación específica', fue contratada para el programa de orientación profesional para el empleo.

El alcalde tampoco aludió al dictamen, de fecha 23 de octubre de 2000, del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía (Sercla) dejando sin efecto varias resoluciones del Patronato de Asuntos Sociales e instando al Ayuntamiento a convocar las bolsas de trabajo y confeccionar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y las correspondientes bases de los concursos 'para la provisión reglamentaria de los distintos puestos'. Por su parte, Reyes Chamorro, que en las últimas elecciones fue en las listas del PP, matizó ayer que su entrada en el Ayuntamiento se produjo en el año 1991 y que nunca ha sido nombrada jefa de sección.