Blasco contrata a una empresa de seguridad 'hermana' de otra inhabilitada

La Consejería de Bienestar Social, que dirige Rafael Blasco, ha adjudicado este año dos contratos de servicio de vigilancia de centros públicos dependientes de ese departamento a la empresa Bubos Securitas, SA, por importe de 174.000 euros. Esta mercantil está vinculada a Esave, SA, sancionada por el Gobierno central por falsificar la documentación necesaria para trabajar con la Administración. Ambas comparten domicilio en Madrid y en sus respectivas sedes no dudan en dar el teléfono de la otra. Fuentes del sector de seguridad califican a Bubos como 'tapadera' de Esave. Los socialistas denunciaron ayer el asunto y pidieron explicaciones a Blasco, quien aseguró que la acusación 'no tiene consistencia'.

La Consejería de Bienestar Social adjudicó en febrero de este año los servicios de seguridad de la residencia de disminuidos psíquicos Peñarrubia de Villena (Alicante) y del centro de deshabituación Els Reiets de Alicante a la empresa Bubos Securitas, SA. Esta mercantil está vinculada a la Empresa de Seguridad Auxiliar de Vigilancia Especializada, SA (Esave), sancionada el año pasado por la Administración central. Una resolución publicada en el BOE el 19 de julio de 2001 prohíbe a esta empresa contratar con las administraciones públicas durante un periodo de cinco años, debido a que falsificó la documentación relativa a la clasificación obligatoria que se exige a todas las empresas que trabajan con la Administración.

Fuentes sindicales del sector de la seguridad no dudaron ayer en calificar a Bubos como 'tapadera' de Esave. Según estas fuentes, después de que Esave fuera inhabilitada para trabajar con la Aministración, los directivos de la empresa compraron Bubos -una compañía entonces prácticamente en quiebra que hasta ese momento apenas había trabajado en el sector público- para utilizarla como tapadera. De hecho, desde el Grupo Socialista hicieron ayer una llamada a la sede de Esave en Valencia, donde, al preguntarle por Bubos, la persona que atendió el teléfono dijo: 'Un momento', y acto seguido colgó. En otra llamada, desde Esave facilitaron de inmediato el teléfono de Bubos, una empresa que, en teoría, es de la competencia. Y en Bubos también ofrecieron enseguida el teléfono de Esave. En la página de Esave en Internet se informa de que la sede central está en la calle de Cronos, 8, de Madrid, la misma dirección que figura en la última documentación sobre Bubos en el Registro Mercantil.

Bubos, que a partir de la inhabilitación de Esave empezó a adjudicarse contratos con la Administración, también ha incurrido en irregularidades, entre otras porque 'dio de alta a 362 vigilantes de seguridad, de los cuales 340 carecían de la preceptiva habilitación para realizar servicios de Seguridad', según explicó ayer el portavoz del Grupo Socialista, Joaquim Puig, quien añadió que, además, 'muchas de las adjudicaciones las obtuvo presentando documentación falsa, según las pruebas recabadas por los agentes de Seguridad Privada de la Policía Nacional'.

Bubos no tiene la intención de limitar su actuación a los servicios sociales. Fuentes sindicales apuntan que también opta al concurso que ha convocado la Consejería de Sanidad para garantizar la seguridad en sus hospitales, centros de salud y dependencias administrativas. La empresa se ha presentado a los 37 lotes del concurso, que comprende dos meses de este año, todo el año que viene y hasta octubre de 2004 por un total de 18 millones de euros.

Puig pidió que Blasco, que hoy debe comparecer en las Cortes para explicar la privatización de la gestión de centros y servicios de su departamento, aclare también estos contratos con Bubos. Para el portavoz socialista, este caso constituye 'una prueba más de que el concepto de privatización, para el PP, supone, simplemente, abrir nuevas áreas de negocio para sus empresarios afines'. Blasco contestó ayer mismo, aseguró que la acusación de los socialistas 'no tiene ninguna consistencia' y consideró 'lamentable' que el PSPV introduzca en el debate de hoy un factor nuevo, 'una presunta irregularidad de algún tipo de empresa, que no la hay, porque llevan dos años intentando demostrar algún tipo de irregularidad y todavía no han podido demostrar una sola cosa'.

El responsable de Bienestar Social hizo estas declaraciones poco antes de asistir a una comparecencia en la Comisión de Asuntos Sociales de Cortes relativa a la inspección de las residencias privadas de la tercera edad. El consejero admitió que el número de inspectores incluidos en la plantilla de su departamento es de ocho trabajadores, pero señaló que la red de control de residencias se apoya en los equipos sociales de base, el teléfono de atención al mayor y las visitas que realizan los servicios de las distintas direcciones territoriales. El representante del PSPV, Antonio Torres, y el de EU, Ramon Cardona, exigieron al consejero que se ciña a la ley de servicios sociales de 1997 que fija la necesidad de contar con un inspector por cada 250.000 habitantes (16 en toda la Comunidad) 'No es de recibo que cinco años después de que entrara en vigor la ley existan sólo ocho inspectores', apuntó Torres. Blasco, sin embargo, restó importancia al número de inspectores, 'lo importante es que la inspección se haga mejor', y aludió a la mejora de 'métodos, indicadores y estándares de calidad' fijados para controlar los centros.