Sanidad investiga 3.000 servicios mal prestados por las ambulancias regionales

El servicio de ambulancias en la región no funciona y la Consejería de Sanidad, abrumada por la cantidad y la gravedad de las deficiencias, ya prepara las primeras sanciones económicas contra la Unión Temporal de Empresas (UTE) que gestiona el transporte sanitario en la región. En sólo tres meses, de junio a agosto, las ambulancias han cometido 3.000 posibles faltas sancionables y en otras 6.314 ocasiones los traslados han tenido que ser hechos por la Cruz Roja o las ambulancias municipales por la incapacidad de la UTE para efectuarlos en el plazo de tiempo previsto.

Los pacientes que necesitan una ambulancia llevan meses denunciando que tienen que esperar muchas horas para que estos vehículos sanitarios les trasladen al hospital. A veces, incluso, las ambulancias no llegan nunca o los enfermos pierden su sesión de diálisis o de rehabilitación a causa de los retrasos.

Ante la avalancha de críticas, la Consejería de Sanidad aumentó a principios de junio el control que ejerce sobre la UTE que gestiona el servicio. Los primeros resultados de esta mayor vigilancia son desoladores: una de cada seis veces que una ambulancia es requerida en la región para un servicio urgente, o el vehículo llega muy tarde o no llega nunca.

Así ha ocurrido en 6.314 de las 41.228 intervenciones urgentes requeridas en la región entre los meses de junio y septiembre. En esas 6.314 ocasiones, Sanidad ha tenido que acudir a la Cruz Roja (o a algunos ayuntamientos) para que sean sus ambulancias las que efectúen los servicios que la UTE es incapaz de ofrecer.

Las 432 ambulancias que gestiona la UTE hacen cada día unas 470 intervenciones urgentes (aquellas en las que el paciente está herido o enfermo, pero en las que su vida no corre peligro) y unas 2.600 no urgentes (desplazamientos programados a sesiones de diálisis o de rehabilitación, por ejemplo). La UTE no actúa en caso de riesgo para la vida. En estas ocasiones son los servicios de emergencia (el Samur, el Summa o el Sercam) los que intervienen.

Sanidad obligará a pagar a la UTE el coste de los traslados hechos por la Cruz Roja en su lugar. Según Leticia Moral, directora general del Instituto Madrileño de Salud (Imsalud), esta medida costará a la UTE 18.000 euros mensuales.

Esta sanción, sin embargo, podría ser sólo la primera de una batería de medidas que Sanidad ha preparado para que mejore el servicio. 'Es cierto que los pacientes han sufrido molestias en los últimos meses. No permitiremos que la situación siga así', declara Moral. Entre las medidas barajadas está la rescisión del contrato firmado con la UTE en mayo, de una duración de dos años y un presupuesto de 53 millones en total.

Sanidad investiga, además, 3.000 faltas cometidas por las ambulancias. El Imsalud registra estas faltas mediante dos canales: las reclamaciones que los pacientes efectúan ante el Gobierno y las irregularidades detectadas por los propios trabajadores de la red sanitaria pública.

'Estamos investigando todas y cada una de estas posibles faltas y sancionaremos a la UTE en correspondencia a las irregularidades cometidas', añadió la directora general del Imsalud.

Según el contrato firmado con el Imsalud, las faltas se dividen en tres grupos: leves, graves y muy graves. Las leves son aquellas que causan molestias al paciente, pero que no perjudican a su salud, y que provocan al Imsalud un perjuicio económico de menos de 600 euros. Es el caso, por ejemplo, de una sesión de diálisis que debe retrasarse varias horas porque el paciente no llega por culpa de la ambulancia. Una falta leve tiene una sanción máxima de 1.500 euros.

Las faltas graves (cuando la salud del paciente puede verse afectada o los perjuicios al Insalud son mayores) pueden ser sancionadas hasta con 4.500 euros y, en el caso de las muy graves, la multa puede llegar a ascender a 12.000.

El Imsalud tiene abierto otro expediente contra la UTE, éste por una falta considerada 'muy grave', según fuentes de Sanidad, por disponer de unas 65 ambulancias operativas menos de las acordadas. 'El pliego de condiciones decía que en todo momento tenía que haber al menos 432 vehículos operativos. Las inspecciones han demostrado que las ambulancias en marcha son un 15% menos de las fijadas', lamentó Moral.

Los problemas del servicio, habituales en la región desde hace años, se agudizaron el pasado mes de mayo, cuando entró en vigor el nuevo contrato de gestión del transporte sanitario.

El nuevo modelo de gestión preveía la unificación de todas las ambulancias de la región bajo un mando único. Con esta medida, aplicada por la UTE, Sanidad pretendía lo contrario de lo que ha sucedido: reducir el tiempo de intervención. Esto iba a conseguirse con la desaparición de las fronteras interiores entre las zonas atendidas por la decena de empresas concertadas que operaban en la región. Cada una tenía sólo una pequeña área asignada.

Esta división hacía posible, por ejemplo, que mientras en una zona faltaran ambulancias, en otra zonas hubiera vehículos parados sin hacer nada. La UTE que gestiona las ambulancias no ha atendido las llamadas de este periódico para conocer su versión.