'Debe estudiarse si podemos fiscalizar a las cajas de ahorro'

Rafael Navas fue reelegido el pasado jueves, por unanimidad, consejero mayor de la Cámara de Cuentas, el organismo que fiscaliza el sector público andaluz.

Pregunta. La Cámara de Cuentas suele hacer advertencias a las administraciones muy parecidas año tras año. ¿Les están haciendo caso en estas sugerencias?

'Puede 'maquillarse' el 'déficit cero'. La contabilidad tiene mucha ingeniería'

Respuesta. Hay mejorías. En las subvenciones se han publicado normas reguladoras más minuciosas, se han constituido bases de datos sobre los beneficiarios y parece que se siguen las orientaciones de la Cámara. Se tarda tiempo en conseguir algunas peticiones pero al final van cumpliéndose. Por ejemplo, veníamos repitiendo a la Junta que la memoria que presentaba con las cuentas anuales era muy deficiente y el año pasado vino una memoria más detallada. También veníamos pidiendo una memoria de cumplimiento de objetivos de los programas presupuestarios y este año he visto con satisfacción que en la rendición de septiembre de la cuenta general de 2001 se recoge este punto. Esto es lento y puede producir frustración en algunos ejercicios, pero si se resiste se consiguen cosas.

P. Hace poco alertó sobre las pérdidas de las empresas públicas. ¿Cree que es un problema que estas empresas gestionan cada vez más dinero?

R. Eso es un mal general de la Administración pública y tiene una denominación vulgarizada, que es la huida del derecho administrativo. Que no es sólo huida del derecho administrativo, sino también huida del régimen de los funcionarios públicos, del régimen presupuestario...

P. ¿A la Cámara le supone algún problema adicional?

R. No, a efectos de fiscalización no supone ningún problema. Sí sería bueno que se rindiera la cuenta consolidada del sector público autonómico, donde tuviéramos la adición racionalizada, no la mera suma aritmética. Sería conveniente que tuviésemos estos datos porque ahí tendríamos una visión general de todo el sector público autonómico, independientemente de que esté gestionado por un tipo de personas u otras, ya sea una empresa pública o no.

P. Ahora hay un debate sobre el cumplimiento del déficit cero por las administraciones públicas. ¿Qué opina usted?

R. Que hay que cumplir las leyes.

P. ¿Pero cuál es su criterio sobre el déficit cero?

R. En eso no puedo tener un criterio político, aunque tenga una opinión personal. Lo que tiene que decir la Cámara de Cuentas es que si hay una legislación, hay que cumplirla, independientemente del debate ideológico. La ley está para cumplirla y ninguna autoridad pública puede decir que no se cumplan las leyes. Si hay esa ley, uno, ideológicamente, puede o no propender a cambiar esa legislación, legítimamente, pero no puede más.

P. ¿Puede haber un maquillaje de las cuentas públicas para lograr el déficit cero?

R. En la liquidación de un presupuesto, claro que sí. La contabilidad tiene mucha imaginación, mucha ingeniería, eso es cierto. Puede hacerse.

P. ¿Estarán especialmente atentos a esta posibilidad?

R. La atención mayor la tendrá el Tribunal de Cuentas. Estos días está preocupándose de establecer fórmulas de colaboración para que pueda contar con los datos de todo el país, tanto en lo que se refiere al sector público estatal, como al autonómico y local. La cuestión es que pueda contar con unas magnitudes en las que se contraste si se responde o no a lo que dice la ley. Nosotros podemos vigilar que se cumpla la ley en el sector local y en el autonómico, pero quien tiene la vigilancia general es el Tribunal de Cuentas.

P. La colaboración de los ayuntamientos será fundamental para ejercer este control.

R. Los ayuntamientos que rinden sus cuentas representan más del 80% de la población y más del 85% de los fondos que administran las corporaciones locales. Por tanto, el nivel de no rendición es reducido. Pero como no estamos satisfechos con el nivel de rendición, estamos procurando que se llegue a un nivel del 90% o el 100%. Esto requiere la colaboración de las diputaciones, que tienen la tutela técnica de las corporaciones pequeñas. La Cámara está en disposición de darle al Tribunal de Cuentas suficientes datos como para que se haga una composición precisa de lo que ocurre en Andalucía en el sector local.

P. ¿Dónde se centran los principales problemas de fiscalización?

R. Los ayuntamientos grandes, de más de 50.000 habitantes, y las diputaciones cumplen sin dificultad. Ha habido problemas con Marbella, pero poco a poco se van resolviendo. Los ayuntamientos de 10.000 y 50.000 habitantes rinden un altísimo porcentaje. Donde hay un nivel de rendición menor es en los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes y, fundamentalmente, entre los de menos de 1.000.

P. El Tribunal de Cuentas ha realizado un informe sobre los cursos de formación que va en la línea de lo que la Cámara andaluza avisó hace dos años.

R. El informe nos ha llenado de satisfacción porque eso mismo lo dijimos nosotros, es decir, que se subvencionan más horas de las que se daban; que hay mucha diferencia en el gasto por hora de formación; que había deficiencias de control tanto por la entidad que concede la subvención como control interno por los beneficiarios de la subvención...

P. Una crítica que se suele hacer a la Cámara es la demora en la presentación de informes.

R. Siempre se dice que se puede hacer algo, pero es difícil. Esto es un trabajo de auditoría pública que requiere aquilatar muy bien las conclusiones. Deben referirse a cuentas rendidas con absoluta solvencia, definitivas, no provisionales. A la Cámara de Cuentas se le toleraría muy mal un traspié como otros que se están dando. La auditoría pública no puede meter la pata y esto requiere tiempo, estudio y maduración.

P. ¿A qué achaca las crisis de algunas auditorías privadas?

R. La conclusión que he sacado es que el problema es la falta de independencia. La falta de independencia hace perder objetividad. En eso soy un predicador impenitente. La objetividad es la actitud fundamental de cualquier organismo de control y el comportamiento objetivo depende de que se sea objetivo en el análisis de la realidad que se quiere ver. Luego que se mida con parámetros objetivos, sin interferencias ni dependencias grandes en la decisión de cuál es tu plan de actuaciones ni los procedimientos a aplicar. La Cámara de Cuentas tiene un marco para su objetividad inmejorable, tanto en el plano de la ley como en la práctica.

P. ¿Puede la Cámara asumir más competencias?

R. Desde el punto de vista del ámbito del sector público que le compete, sí. Por ejemplo, las Cámaras de Comercio se han incorporado, en su propia ley, a la fiscalización de la Cámara de Cuentas. Se puede pensar en otras entidades y organismos...

P. ¿También las cajas de ahorro?

R. Se puede pensar, efectivamente, que se encomendara su fiscalización a la Cámara de Cuentas.

P. ¿Cree que es conveniente o que es un asunto a estudiar?

R. Creo que es un asunto a estudiar. De hecho, hay expertos y profesores de contabilidad de la Universidad que defienden ya, actualmente, la posibilidad de fiscalización por la Cámara de Cuentas de las cajas. Ésta es una cuestión en la que algunos dicen que sí; otros defienden el carácter absolutamente privado de las cajas, sobre todo las propias cajas... Es un debate muy complejo en el que la Cámara de Cuentas no va a entrar mientras no tenga un mandato claro porque no podemos meternos en ese berenjenal, entre otras cosas porque no saldríamos bien parados.

P. ¿Debería resolverse ya el encaje estatutario de la Cámara de Cuentas?

R. Sí. Es lógico que las instituciones de la autonomía estén todas en el Estatuto. Yo no digo que el Estatuto se reforme para esto, pero si hay una reforma del Estatuto, que se haga también la regulación de la Cámara de Cuentas.