Nuevas y viejas políticas sociales

Vuelve la política social. Parece que el partido socialista va a centrar sus programas electorales en cuestiones como la integración de los inmigrantes, los servicios de ayuda a personas dependientes, los programas preventivos de salud, las ayudas a la familia, el apoyo al transporte público o las ayudas al acceso a la vivienda. Era de esperar que, después de unos años de ideología de 'sálvese quien pueda', aparecieran en la sociedad propuestas a favor de una mayor atención a los colectivos más desfavorecidos.

Algunas de esas políticas sociales no sólo se justifican por razones morales, sino que, evaluadas desde el punto de vista económico, pueden revelar efectos indirectos favorables. En algunos casos esas políticas pueden reducir las cargas públicas pues, al reducir la morbilidad o mejorar la seguridad ciudadana, por ejemplo, disminuyen los gastos en que el Estado incurre para sanar a los enfermos o defendernos de los delincuentes. Otras políticas, como la extensión de la educación o la difusión de las nuevas tecnologías, tienen efectos económicos directos muy positivos porque aumentan la productividad general de la economía. Estas últimas políticas son especialmente útiles una vez que estamos dentro del euro, pues, no pudiendo reducir nuestros precios de exportación por medio de devaluaciones, son casi la única forma que nos queda de mejorar nuestra competitividad.

No obstante, el retorno de la política social no sólo debería reivindicar sus positivos efectos, sino que también debería cuidar la modernización de sus instrumentos. Porque en muchos casos fueron Gobiernos no precisamente de izquierda los que utilizaron la excusa de la política social para proteger a grupos de interés productivos. Sirva de muestra la llamada 'vivienda protegida', ejemplo de viejo instrumento de política social que no debería resucitarse. Es evidente la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias con pocos recursos pero para ello no es necesario utilizar la 'vivienda protegida'.

Estar en contra de la vivienda protegida no significa estar en contra de que haya una política social de vivienda. Europa, desde nuestra entrada en la moneda única, nos ha regalado con tipos de interés bajos y estables, lo que, junto a las reformas del mercado hipotecario de los años ochenta ha permitido a los españoles disponer de financiación más barata. No obstante, el problema de la vivienda subsiste en España porque la explosión de los precios de la vivienda ha vuelto a aumentar el esfuerzo que, en términos de renta, deben destinar las familias españolas a la compra de la vivienda.

Como en tantos otros sectores, el Gobierno anunció una liberalización del suelo que luego no hizo, quedando su reforma en una reducción de recursos a los ayuntamientos que, al final, ha tenido efectos perversos sobre el precio del suelo. Como ha sucedido con las demás seudoliberalizaciones, sus efectos han sido los peores posibles: al no liberalizar de verdad no han sido efectivas, pero, al pregonar que se liberalizaba, ha conseguido que gran parte de la población tenga una actitud negativa ante las liberalizaciones.

Las ayudas deben destinarse a las personas y no a la vivienda. Son las personas las que deben ser protegidas, no las viviendas. Siempre surge la tentación de producir cosas baratas, pero es mejor introducir competencia en los mercados y luego ayudar a quien no puede acceder a los bienes correspondientes. Un ejemplo de las distorsiones que se producen cuando el Estado entra a proteger a la producción en vez de a las personas es la Política Agraria Común. El resultado final es que los impuestos que pagan obreros, empleados y funcionarios van a los bolsillos de los grandes agricultores. Lo mismo sucedió con las viviendas protegidas, en las que rara vez las subvenciones llegaron a quienes las necesitaban. Ya dirá el electorado si ha llegado el momento de las políticas sociales. Si así fuera, esas políticas deberían ayudar a las personas en vez de ayudar a los productos o a sus productores.