El Gobierno vasco se querella contra Garzón por sus autos sobre Batasuna

El Gobierno vasco presentó ayer ante el Tribunal Supremo la querella criminal contra el juez Garzón por un presunto delito de prevaricación, como anunció el pasado 17 de septiembre. La denuncia por las resoluciones del magistrado que restringen los derechos de manifestación y reunión referidas a la suspendida Batasuna se acordó una semana después de que el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe desestimara acudir a la vía más pacífica del conflicto de jurisdicción, por considerarlo 'innecesario' al estimar que Garzón había 'rectificado 180º su posición' anterior en el auto aclaratorio que dictó el 6 de septiembre.

Entre esta desestimación de presentar un 'conflicto de jurisdicción' por la providencia dictada el 2 de septiembre contra el magistrado de la Audiencia Nacional y el anuncio de una querella criminal por prevaricación -dictar una resolución injusta a sabiendas, uno de los más graves delitos que puede cometer un juez en el ejercicio de su cargo- medió un episodio que sacudió a los partidos del Gobierno vasco: los enfrentamientos en la manifestación del 14 de septiembre en Bilbao, cuando la Ertzaintza, obedeciendo las instrucciones de Garzón, atajó la multitudinaria marcha convocada contra la suspensión de Batasuna bajo el lema 'Gora Euskal Herria'. La actuación de la policía vasca y del Departamento de Interior suscitó fuertes críticas e incomodidad en el mundo nacionalista, opuesto a la ilegalización de Batasuna.

Tres días más tarde, en el Consejo de Gobierno celebrado el día 17, el Gabinete de Ibarretxe dio marcha atrás en lo acordado la semana anterior y decidió plantar cara al juez Baltasar Garzón. Pero, en vez de presentar el 'conflicto de jurisdicción' ante el Supremo -que era la vía que había estudiado y que los juristas consultados consideran procedente para determinar si el magistrado se extralimitó con sus resoluciones-, el Gobierno tripartito (PNV, EA e IU) resolvió dar a Garzón una respuesta más contundente y presentar una querella criminal por el presunto delito de prevaricación.

Los motivos de fondo invocados para adoptar esta medida extrema, presentada ayer en el registro del Tribunal Supremo, son los mismos que el Gobierno vasco consideró subsanados con el auto de Garzón del 6 septiembre, por lo que consideró 'ya innecesaria la presentación del mencionado recurso [de conflicto de jurisdiccción]'. Concretamente, que las sucesivas medidas dictadas por el juez desde la suspensión de Batasuna suponen 'una restricción infundada e ilegítima' de los derechos fundamentales de reunión y manifestación, y por otro lado, que 'menoscaban las competencias del Gobierno vasco' en esta materia. En su resolución del 6 de septiembre, el juez aclaró que la consideración de ilícita que en la providencia del día 2 de ese mes hacía de 'cualquier manifestación que se refiera a HB-EH-Batasuna' en absoluto afecta a personas o grupos ajenos a la causa.

La querella será examinada ahora por una sala de admisión integrada por el presidente de la Sala Penal, Luis Román Puerta, y los magistrados Carlos Granados y Juan Saavedra. Si se decidiese formar una sala de cinco magistrados, se añadirían Cándido Conde-Pumpido y Andrés Martínez Arrieta. Fuentes del Supremo no descartaron que la admisión se decidiese por el pleno de la Sala Penal.

Por su parte, el pleno del Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno vasco contra la Ley de Partidos, e inició el procedimiento de recusación del presidente del tribunal, Manuel Jiménez de Parga, por sus manifestaciones públicas sobre la constitucionalidad de la ley.