Garzón acusa al Gobierno vasco de falsear sus autos para menoscabar la acción contra Batasuna

El juez Baltasar Garzón pasó ayer al contraataque de los políticos e informadores que le han atribuido vulneración de derechos fundamentales y aprovechó el mismo escrito en que ratifica todas sus decisiones respecto a Batasuna para acusar a miembros de algunos partidos y a 'algún responsable' del Gobierno vasco de desvirtuar el contenido de sus escritos para menoscabar la actuación judicial. Además de quejarse de las críticas y considerar 'no justificable' que el Parlamento vasco incumpliese sus disposiciones, el juez cerró la semana prohibiendo una manifestación en Ansoain (Navarra).

Garzón aclara, en primer lugar, la extensión de sus disposiciones al ámbito parlamentario, ya que en el auto en el que suspendió las actividades de Batasuna dejó al criterio del Parlamento, las diputaciones forales, las juntas generales y los ayuntamientos del País Vasco y Navarra la efectividad de las medidas en el interior de dichas instituciones.

'El respeto a la división de poderes implica que el juez de instrucción no pueda compeler coactivamente a las instituciones del poder legislativo o de representación popular, que tienen sus normas y reglamentos, para el cumplimiento y ejecutividad de la medida', explica Garzón.

Por eso, en su anterior resolución habló de 'la efectividad de la medida de suspensión', no de 'su no aplicación'. 'Es decir', aclara el juez, 'por una parte la resolución judicial es obligatoria, pero al no poder compeler, serán aquellas instituciones legislativas y de representación popular las que deban determinar la forma de ejecución'.

Garzón concluye que 'no sería justificable', al amparo de lo dispuesto en distintos preceptos de la Constitución, la ley orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 'el incumplimiento de las medidas'.

Réplica a Azkarraga

El magistrado expone otra 'aclaración' que, desde su punto de vista, 'no sería necesaria si no fuera porque acontecimientos posteriores públicos y notorios, planteados por algunos medios de comunicación y valorados por miembros de algunas formaciones políticas del País Vasco e incluso algún responsable del Gobierno de dicha comunidad autónoma, hacen imprescindible el pronunciamiento, aquí y ahora, por parte del juzgado'.

Garzón se refiere al consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, quien dijo que las resoluciones del magistrado 'ponen sobre la mesa la presumible vulneración de derechos fundamentales'.

El juez considera que las críticas a su decisión de suspender la convocatoria de actos públicos y manifestaciones por parte de Batasuna 'son poco acordes con el respeto a la independencia del Poder Judicial y la división de poderes, por cuanto han desvirtuado su sentido y contenido presentándola como contraria al derecho fundamental a la libertad de expresión'.

El juez precisa que el procedimiento se centra 'exclusivamente' en la suspensión de actividades de Batasuna. 'Parece que se olvida' -prosigue el magistra-do- 'que en este procedimiento se investigan hechos delictivos y no actos políticos u opiniones del mismo tipo'. Por eso, agrega, 'las personas físicas o jurídicas podrán hacer aquello que su libertad les sugiera y hasta donde consideren oportuno, y si transgreden los límites de la ley, quien tenga que exigir su cumplimiento, que desde luego no es este juzgado, lo hará'.

Según Garzón, afirmar que él pretende limitar los derechos constitucionales de personas ajenas a la causa 'es, aparte de falso, una arbitrariedad dirigida a menoscabar la actuación judicial que se enmarca en la más estricta legalidad'.

Respecto al recurso de reforma de Batasuna contra la suspensión de actividades durante tres años, el instructor ratifica íntegramente la resolución. El juez Garzón considera justificada la legalidad de la medida y su proporcionalidad.

'No se trata de actos de colaboración, sino de integración' en la banda terrorista los que se imputan 'a los responsables de Herri Batasuna en el marco de las herriko tabernas, como los que se deriven para los componentes y directivos de la estructura, como los de aquellos que la crearon y la dirigen desde el estrato superior de la dirección de la organización terrorista'.

'Resultaría paradójico y absurdo', añade, 'valorar que dicha estructura forma parte de una organización terrorista que la instrumenta en el sentido que le interesa (...) y no hacer cesar los efectos'. Dada su integración en ETA, 'la estructura HB-EH-Batasuna es en sí misma delictiva', concluye.

El juez aprovecha también para puntualizar unas referencias sobre Euskal Fondoa. Garzón deja claro que la intención de ETA fue instrumentalizar arbitrariamente Euskal Fondoa, aprovechando el campo de acción que esta organización, ajena a la estructura delictiva, brindaba con sus programas en Nicaragua.