El PSOE propone que el Estado dedique 12.000 millones para abaratar la vivienda

El PSOE propone elevar un 33% las ayudas públicas en vivienda sobre lo previsto por el Gobierno del PP para el periodo 2003-2005, lo que supone pasar de 9.015 a 12.020 millones de euros aproximadamente entre subvenciones directas y desgravaciones fiscales. El principal partido de la oposición presentó ayer una batería de medidas 'urgentes' sobre vivienda que incluyen modificar la legislación sobre suelo y arrendamientos urbanos, mejorar la fiscalidad y fomentar el alquiler. Las medidas, a juicio del PSOE, supondrían duplicar el número de beneficiarios a 180.000 cada uno de los tres años.

España es un país particular en lo que a vivienda se refiere con respecto a Europa. Ya no es sólo el país que menos parque tiene en alquiler -el 10,5% sobre el total de viviendas-, es también uno de los que menos recursos públicos destina a la política de vivienda -el 0,5% del PIB frente a una media europea del 2%-, el único donde los inquilinos con ingresos bajos no gozan de desgravación fiscal, y en donde más han subido los precios. La caída de los tipos de interés de los créditos hipotecarios, lejos de permitir el abaratamiento de la vivienda, ha servido de colchón para que, pese a la subida de los precios, las viviendas se hayan seguido comprando. Pero el incremento ha sido tal -el 63,3% desde 1998 frente a un aumento de los ingresos familiares del 9,1%- que una gran parte de la población, fundamentalmente los jóvenes, tienen muy difícil el acceso de la vivienda.

La situación, según manifestó ayer el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha convertido en 'insostenible', lo que ha llevado al partido socialista a presentar una serie de medidas para duplicar el número de beneficiarios de ayudas a la vivienda hasta llegar a 180.000 cada año, y reorientar la política hacia el alquiler, con un mayor protagonismo de los poderes públicos.

Según el PSOE, las medidas planteadas en la proposición no de ley no sustituirían el Plan de Vivienda aprobado por el Gobierno este año, sino que serían adicionales y tendrían un coste aproximado, entre ayudas directas y desgravaciones, de 1.021,7 millones de euros en 2003 y un coste público total para el periodo 2003-2005 de 3.005,6 millones de euros, que se sumarían a los 9.015 millones de euros que prevé el plan del Gobierno. Es decir, se alcanzaría, según la responsable de Vivienda del PSOE, Cristina Narbona, un coste total de 12.020 millones de euros entre ayudas y desgravaciones. En concreto, el PSOE plantea en una proposición no de ley que presentará al Parlamento nacional y a los autonómicos las siguientes medidas:

- Subvenciones. El Gobierno central concederá subvenciones, de hasta el 50% del coste, para las empresas públicas autonómicas o locales que creen un parque público de vivienda en alquiler destinado a jóvenes en primer acceso y familias con graves problemas socioeconómicos. Durante el periodo 2003-2005 al menos 90.000 jóvenes y 30.000 familias accederían además a ayudas para ocupar esas viviendas. También subvencionará la compra de vivienda, nueva o usada, a precio tasado, por parte de jóvenes en primer acceso y de familias con menores ingresos hasta un total de 90.000 viviendas en ese periodo; el alquiler de una vivienda, nueva o usada, de precio tasado, por parte de jóvenes en primer acceso, y la compra de suelo por parte de empresas públicas autonómicas o locales destinado a la creación de patrimonio público de suelo para construir, como mínimo, 30.000 viviendas protegidas.

- Suelo. El PSOE plantea la concertación entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos de un programa de suelo de titularidad pública de forma que al menos el 40% de los terrenos que se incorporen al mismo se destine a la construcción de viviendas públicas en alquiler para jóvenes, y el 20% a vivienda protegida para venta. Además, plantea la creación de un grupo de trabajo compuesto por representantes de las tres administraciones, expertos y representantes del sector inmobiliario y organizaciones sociales para elaborar, en el plazo máximo de un año, una nueva legislación estatal sobre valoración de suelo y expropiación forzosa para que se base en el valor de reposición del suelo y no en el valor de mercado. Plantea también retirar los recursos contra la normativa del suelo presentados ante el Tribunal Constitucional.

- Fiscalidad. Introducción de un IVA superreducido de entre el 1% y el 2% para todas las viviendas protegidas y para todas las que constituyan un primer acceso para sus adquirentes. Ahora sólo se aplica un IVA reducido (el 4%) a las viviendas de protección oficial de régimen especial o de promoción pública. La proposición no de ley plantea también la reintroducción de la desgravación fiscal a inquilinos con modestos ingresos, que se eliminó en 1998. Igualmente, plantea incentivos fiscales específicos para los propietarios de viviendas de precio tasado, nuevas o usadas, destinadas a alquiler para jóvenes en primer acceso. Esos propietarios se beneficiarían también de un fondo de garantía promovido por el Gobierno central en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

- Ley de Arrendamientos Urbanos. El Gobierno presentará, en el plazo máximo de un año, una reforma de la LAU encaminada a incrementar la seguridad jurídica y patrimonial de las partes, sin olvidar el compromiso de ayuda fiscal a los propietarios de viviendas de renta antigua con inquilinos de menores ingresos.

Además, el PSOE pretende constituir una 'plataforma reivindicativa por el derecho a una vivienda digna' en la que participen organizaciones juveniles y sociales, profesionales y expertos, para exigir 'una mayor prioridad hacia los problemas del acceso a la vivienda'. En la actualidad, las familias deben destinar el 48% de sus ingresos para acceder a un piso. Y son muy pocas las viviendas de protección oficial, menos del 10% del total de viviendas, frente al 27% que representaban en 1993. En cuanto a las viviendas protegidas en alquiler, son casi insignificantes. De las 166.342 viviendas de protección oficial planteadas en el Plan 2002-2005, sólo 17.767 son de alquiler.