Antiviolencia propone multar al Sevilla con 90.000 euros

La Comisión Nacional contra la Violencia, reunida ayer en Madrid, dio por buena la sanción de cierre por cuatro partidos del estadio Sánchez Pizjuán que el pasado viernes impuso el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol al Sevilla por los incidentes en su partido contra el Betis: un guardia jurado fue apaleado por varios jóvenes que robaban balones, y el portero bético, Prats, resultó agredido por otro que saltó al césped. Aparte de la multa federativa, de 3.500 euros, Antiviolencia propone que se sancione al club andaluz con otros 90.000 euros.

En su reunión de la pasada semana, la Comisión Antiviolencia aceptó la petición de la Federación Española para que no hiciera pública su propuesta de sanción -no tiene capacidad sancionadora- hasta que el Comité de Competición, el órgano disciplinario del ente federativo, dictara su propia sentencia. La idea era que ambos organismos no difirieran en sus conclusiones, lo que ha ocurrido en más de una ocasión.

Así, Competición emitió el viernes su veredicto y castigó al Sevilla con el cierre del estadio Sánchez Pizjuán por cuatro partidos, la máxima sanción recibida nunca por un club de la Primera División, pero la mínima prevista por el reglamento para unos hechos considerados 'muy graves'. Ayer le tocó a Antiviolencia valorar ese dictamen. Y se mostró conforme con él, excepto en el apartado económico. Competición impuso al club andaluz una multa de 3.500 euros, de la que la comisión se ha desmarcado de manera tajante al solicitar otra de 'hasta 90.151 euros'.

Lo que sí había hecho la comisión en su reunión de la pasada semana fue proponer las mayores sanciones de la historia para cuatro de los agresores del guardia jurado Antonio Orrego y para el hincha que saltó al césped con la intención de golpear a Prats. Para los cinco pidió una multa de 30.100 euros y la prohibición de acceso a los recintos deportivos por un periodo de cinco años, propuesta que ahora deberá ser evaluada por la Delegación del Gobierno en Andalucía, que ya tiene en su poder toda la documentación de lo ocurrido.

Antiviolencia solicitó ayer ese mismo castigo para otros dos agresores del vigilante, además de pedir 1.500 euros de sanción y tres meses sin acceder a un recinto deportivo para otro hincha que se enfrentó e insultó a varios policías.

'La comisión ha decidido considerarla [la suspensión por cuatro partidos] ajustada a la gravedad de los hechos acaecidos en el partido Sevilla-Betis'. De este modo, Antiviolencia dio por buena la sanción deportiva, que no la económica, decidida por Competición y no hizo caso al recurso del Sevilla, que argumentaba que la responsabilidad no era suya, pues en la zona donde se produjeron los hechos más graves no había ningún policía. 'Reiteramos que la conducta del organizador es constitutiva de infracción muy grave a las normas sobre prevención de la violencia en los espectáculos deportivos', concluyó la comisión.

Respecto a la multa de 90.151 euros para el Sevilla, es la segunda mayor propuesta en sus diez años de existencia por Antiviolencia. El récord lo tiene precisamente el Betis con motivo de los sucesos del pasado 23 de marzo, también en un derby sevillano, en el que un individuo lanzó varias bengalas contra una tribuna. La propuesta fue de 90.500 euros y pasó a manos del delegado gubernativo, que el pasado martes decidió dejarla en 60.000 euros. La comisión, ayer, respaldó esta modificación y acordó 'avalar de forma unánime' el contenido de la propuesta de modificación parcial de la Ley del Deporte, que pretende una mayor eficacia contra la violencia. Entre las medidas del acuerdo suscrito en julio por Interior, el CSD, la federación, la Liga y la AFE figuraba la posibilidad de arrestar a los hinchas violentos durante los partidos, una medida que ha sido aplazada porque precisaría la reforma del Código Penal.