La Audiencia Nacional ordena el encierro de Levent para evitar su fuga

La Audiencia Nacional ordenó el martes la detención del empresario turco Ucler Levent, al que cuatro días antes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dejó en libertad sin fianza tras permanecer 28 meses en prisión, acusado de ser el presunto inductor del asesinato de su mujer. La decisión judicial está motivada por la próxima notificación de la sentencia de un caso de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, en el que está imputado, y la sala teme que el empresario se fugue.

Ucler Levent fue detenido el martes por la policía en cumplimiento de la orden judicial, y trasladado ese mismo día a la cárcel. El empresario de origen turco había sido puesto en libertad el viernes, después de que el TSJA rechazase la validez de las escuchas telefónicas que le implicaron en el asesinato de su mujer, María Isabel González, asesinada a tiros en pleno centro de Estepona el 14 de junio de 2000. Las citadas escuchas suponían la prueba fundamental para su imputación por instigación de un homicidio.

Según la versión manejada en el juicio, pocas horas después del tiroteo, Levent mantuvo una conversación telefónica con otra persona en la que le pedía confirmación sobre 'si se había realizado el trabajo'. La llamada fue grabada por la policía, que tenía intervenidos varios teléfonos del empresario para investigar un caso de blanqueo de dinero. El alto tribunal andaluz desestimó la prueba telefónica, que según la defensa solo estaban autorizadas para investigar esta causa y no un caso de homicidio.

Acusación a Caba

En cualquier caso, Ucler Levent podría permanecer nuevamente a prisión por largo tiempo si así lo estima la Sala Tercera de la Audiencia Nacional, que tiene previsto notificar mañana o el lunes la sentencia del caso de blanqueo de dinero, en el que figura como principal imputado. La Fiscalía pide cinco años de prisión y una multa de cerca de 9 millones de euros para todos los acusados, entre los que se encuentra el anterior alcalde de Estepona y abogado Antonio Caba.

El fiscal acusa a Caba y al asesor fiscal de su bufete, Juan Carlos Marín, de diseñar un complejo entramado societario, que permitió a Levent blanquear 1,6 millones de euros de dinero supuestamente procedente de la droga, y disimular su procedencia pese a 'tener plena consciencia de su origen ilegal'.

La Fiscalía señala además que el abogado habría utilizado como pantalla empresas irlandesas y gibraltareñas para ocultar la verdadera propiedad de las mismas. Sin embargo, el ex regidor sostiene que se limitó a ejercer su profesión y asesorar a un cliente que pretendía invertir en varias gasolineras en la zona, y que desconocía el origen del dinero. El juicio, en el que también están imputados Feuzi Cemil Vigitbasi -que continúa en prisión acusado de otro delito-, y el fiduciario gibraltareño Anthony Napoli, quedó visto para sentencia el pasado 8 de abril. Antonio Caba presentó su renuncia como alcalde de Estepona y secretario general del PSOE local en abril de 2001 después de ser imputado por el fiscal antidroga en este caso.