Los ecologistas y la izquierda, contra la libre implantación de granjas de engorde de atunes

La libre implantación de granjas de engorde de atún se ha convertido en objeto de polémica entre la izquierda y los ecologistas, por una parte, y el PP y CiU, por otra. Los primeros advierten de que este tipo de empresas supone una amenaza para la pervivencia de la especie en el Mediterráneo, para las artes de pesca tradicionales y para el ecosistema en el que se establecen. En España, la mayor parte de las granjas se concentran en Murcia. El propietario de una de estas granjas ya ha obtenido todos los permisos para instalarse en L'Ametlla de Mar (Baix Ebre).

El PSC y ERC apoyaron el pasado jueves en el Parlament una proposición impulsada por Iniciativa Verds que pretendía regular la actividad 'para garantizar una gestión sostenible y establecer una moratoria a la concesión de licencias hasta que no se cree el marco legislativo adecuado', según la diputada de ICV Bet Font. Se opusieron CiU y el PP. El diputado de CiU y alcalde de Amposta, Joan Maria Roig, defendió estas instalaciones 'previo informe medioambiental' y argumentó que el proyecto era bueno tanto para el sector pesquero como para L'Ametlla, dado que creará unos 100 puestos de trabajo.

Las granjas, que abastecen el mercado japonés de sushi, se sitúan en el litoral mediterráneo en Croacia, Malta y Argelia, y ahora pretenden instalarse en Cataluña. Los grupos ecologistas (WWF / Depana, Greenpeace y Anse) se muestran muy preocupados por el impacto que tienen, ya que los atunes se pescan pequeños y luego se engordan en las granjas. Ello supondría esquilmar unos bancos de atún ya muy diezmados, que desde la década de 1970 han perdido más del 20% de sus efectivos.

La captura de los atunes vivos se realiza mediante el sistema de cerco por parte de flotas muy tecnificadas que para detectar los bancos reciben apoyo de aviones. Los atunes capturados son trasladados en jaulas hasta las granjas, situadas a escasas millas de la costa. Una vez en jaulas fijas, se les engorda hasta obtener el nivel de grasa requerido para el sushi.

La demanda de atún mediterráneo desde Japón se incrementa, dada la alta calidad y el precio moderado. En 1998, la Comisión Internacional para la Conservación de Atunes (ICCAT) recomendó rebajar la cuota de capturas hasta 25.100 toneladas para prevenir el agotamiento de la población, que preveía en un plazo de entre 5 y 10 años. Cuatro años más tarde, la cuota total se ha elevado a 29.100 toneladas.

El portavoz del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Sergi Tudela, explica que la situación crítica se extiende a las anchoas, las sardinas y los boquerones porque sirven de alimento a los atunes en las granjas. En muchas ocasiones, ni los atunes ni los peces que sirven de alimento pasan por la lonja, por lo que controlar las capturas reales resulta imposible. De hecho, el ICCAT (cuyas recomendaciones son vinculantes para la UE), reconoció en 2000 no disponer de datos suficientes sobre todo ello.

Playa de Torrent del Pi

Otro efecto del que alertan las entidades ecologistas es la contaminación que supone esta actividad. El atún engorda a razón de un kilo por cada 20 suministrados, una muestra de la insostenibilidad de la práctica, afirman los proteccionistas. La alta producción de desechos orgánicos en las granjas afecta negativamente al ecosistema del lugar donde se establecen y las aguas de baño.

El lugar destinado en L'Ametlla a ubicar la granja se sitúa entre las playas del Torrent del Pi (reserva de fauna salvaje) y de la Almadrava. Ecologistas en Acción defiende que se establezca una moratoria dado que en esa zona se encuentra la pradera de alga posidonia más importante del litoral, protegida por la UE. Los ecologistas recuerdan además que esta actividad entra en contradicción con artes tradicionales de pesca como el palangre o la pesca en línea.

El alcalde de L'Ametlla de Mar, Antoni Espuny (PSC), minimizó el impacto ecológico que puede tener la actividad; recordó que la empresa Fuentes, SA (que tiene sociedades con multinacionales japonesas como Mitsubishi, según los ecologistas), ha obtenido todos los permisos requeridos y que su implantación se decidió previa consulta con la Cofradía de Pescadores.