Admitida a trámite una querella por prevaricación contra el alcalde andalucista de San Fernando
El Partido Socialista acusa al regidor isleño de realizar contrataciones 'a dedo'
La magistrada del juzgado número 6 de Cádiz, Concepción Carranza, ha aceptado a trámite la querella criminal presentada por el Partido Socialista (PSOE) contra el alcalde de San Fernando (Cádiz), Antonio Moreno, del Partido Andalucista (PA), al que se acusa de realizar contrataciones 'a dedo'. Las plazas fueron creadas para dotar de personal las instalaciones del punto de información europea, Info-Point, instalado en la ciudad con fondos del pacto territorial de empleo, gestionados por la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz.
Las contrataciones denunciadas se realizaron en marzo de 1999 cuando Antonio Moreno compatibilizaba su cargo de alcalde con la presidencia rotatoria del ente supramunicipal.
Según la denuncia, Moreno colocó en las oficinas de Info-Point a tres personas de su entorno: el yerno del secretario general del Ayuntamiento, el hijo de un amigo personal y la hija de su conductor municipal. Las contrataciones se realizaron sin previa convocatoria de concurso público y sin el preceptivo proceso de selección.
Dos meses más tarde, en mayo de 1999, la portavoz socialista, María Jesús Castro, advirtió sobre la presunta ilegalidad del caso y se iniciaron dos vías de investigación. La primera en el seno de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, con la elaboración de una auditoría que desarrolló la empresa CAP Auditores, cuyas conclusiones, hechas públicas en el año 2001, advertían de defectos de forma en el modo de contratación. A pesar de ello, los auditores señalaban en su escrito que no se habían apreciado acciones contrarias a la ley 'con consecuencias materiales o significativas'.
La segunda, por la vía judicial a instancias del PSOE, ha sido ahora atendida por la juez que, en un auto del pasado 15 de julio publicado ayer por Diario de Cádiz, concluye que los hechos 'pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación'. En su denuncia, los socialistas, representados por el abogado Gabriel Escalante, consideran probado que las contrataciones 'se llevaron a cabo deliberadamente, sin tener en cuenta las más mínimas normas de procedimiento, sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad y sin cubrir las garantías en cuanto a la selección del personal que en el ámbito de la Administración se deben cumplir'.
Documentación
En la documentación aportada figura el convenio que firmaron el 22 de marzo de 1999 Antonio Moreno, en calidad de presidente de la Mancomunidad, y el entonces concejal de Programas Europeos de su Ayuntamiento, José Quintero, por el que se formalizaban las contrataciones.
Asimismo, se constata que en la tramitación llevada a cabo en la Mancomunidad para la creación de la oficina de información no figuran documentos que acrediten la apertura y publicidad de un concurso público, como es preceptivo, a pesar de que las contrataciones se realizaron con fondos obtenidos por el Pacto Territorial de Empleo gracias a la financiación de las administraciones públicas.
El alcalde de San Fernando declinó ayer hacer declaraciones sobre la decisión de la juez y los pormenores del caso. Antonio Moreno se limitó a asegurar que está 'tranquilo' y se remitió al informe de la empresa auditora en el que se concluía que no se había cometido ilegalidad alguna en el proceso para la realización de las contrataciones.
Tras ser creados por la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, los contratos fueron renovados en el año 2000 por el Ayuntamiento de San Fernando con cargo a los fondos municipales.
En la mesa de contratación, el Partido Andalucista de Moreno empleó su mayoría absoluta para la aprobación del punto, contra el criterio del resto de partidos, que se opusieron a que saliera adelante.
