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Los ecologistas consideran un retroceso la fianza del 'parany'

Depositar 300.000 euros les impide 'ejercer la acción pública en defensa del interés general'

La fianza de 300.000 euros impuesta por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a los ecologistas para hacer efectiva la suspensión de las licencias del parany hasta que resuelva el Supremo sobre la ilegalidad de este tipo de caza supone, a juicio de los afectados, un lamentable retroceso en la defensa del medio ambiente. La misma sala los eximió de una fianza de 6,6 millones de euros cuando paralizó el plan para urbanizar el marjal de Massamagrell, ahora protegido.

José Luis Ramos, abogado de Ecologistas en Acción, asegura que la fianza, desde el momento que supone una cuantía no asumible por las organizaciones sin ánimo de lucro, supone una traba insalvable a la 'ejecución de la acción pública en defensa del interés general que representa el patrimonio natural y cultural'.

Una tesis expuesta por primera hace años por el magistrado del Tribunal Constitucional, Vicente Sendra, que según Ramos defendió que 'no se puede exigir fianza a los perjudicados en un procedimiento' y que, 'en la medida que la ley no encomienda a nadie en concreto la defensa de la naturaleza, son los ecologistas los que actúan como perjudicados'. Y añade: 'Lo contrario es creer que son ellos [los ecologistas], particularmente, los que deben sostener económicamente la defensa del medio ambiente'.

De hecho, desde hace años han sido numerosos los casos en los que los tribunales han evitado imponer fianzas a las organizaciones sociales que impugnaban algún acto administrativo en defensa de temas culturales o medioambientales. El más sonado, celebrado como un triunfo por los ecologistas, ya que implicaba poder emprender batallas ecológicas sin miedo a interrumpirlas por causas económicas, fue la decisión, en enero de 1999, de la sala primera de lo contencioso-administrativo del TSJ de suspender el plan parcial de Massamagrell que permitía urbanizar en el polémico marjal, desahuciado entonces por la propia Consejería de Medio Ambiente, pero que al final ha sido incluido en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad.

En aquel caso, los promotores urbanísticos, en espera de una sentencia judicial favorable (dos años más tarde el TSJ declaró el enclave zona húmeda y por tanto no urbanizable), advirtieron que la suspensión cautelar les acarrearía cuantiosas pérdidas económicas y pidieron una fianza de 6,6 millones de euros. Sin embargo, el TSJ, el mismo ámbito judicial que ahora impone una cuantiosa fianza a los ecologistas, desestimó entonces, 'desde luego', la imposición económica 'dados los intereses generales y públicos comprometidos y, en la medida en que de imponerla (la fianza), por su cuantía, haría imposible la satisfacción del Derecho del recurrente a la suspensión'.

Otro caso similar, más reciente y famoso, fue la suspensión del plan especial de El Cabanyal en la parte que implica la ampliación de la avenida de Blasco Ibáñez a través de la traza urbana del popular barrio marítimo de Valencia. En aquel caso también se desestimó imponer a las organizaciones cívicas que querían salvar el diseño de las calles de El Cabanyal, declarado bien de interés cultural (BIC), la fianza de un millón de euros (167 millones de pesetas) que se solicitó entonces.

Sin embargo, la sección tercera el TSJ acaba de romper en el caso del parany (criticado porque al cazar de forma pasiva aves con un pegamento es un método masivo y no selectivo) este consenso en un auto controvertido que incluso incorpora la discrepancia de uno los magistrados, Fernando Nieto, que en un voto particular considera que 'la exigencia del aval bancario (...) equivale a su material inejución ante el importe patrimonial que alcanza la exigencia'. Nieto también entiende que la práctica del parany, 'del que no hay constancia científica precisa de su selectividad, daña, y con notoria relevancia, los intereses de rango constitucional de protección del medio ambiente'.

Acció Ecologista-Agró, que junto con Ecologistas en Acción ha presentado la batalla judicial contral el parany, anunció inmediatamente que recurrirá la resolución que permitirá cazar a los paranyers a partir del martes próximo siempre que no se deposite la fianza mencionada, hipótesis bastante improbable. Agró calificó de 'abusiva' la fianza ya que les resulta imposible conseguir un aval bancario por un importe tan elevado. Y apuntó: 'Nos preguntamos si lo que esto significa es que las especies protegidas que van a quedar atrapadas en estos paranys esta temporada carecen de valor alguno según la sala. ¿Quién responderá por estos daños si el Supremo nos da de nuevo la razón?'.

'Que les den los 9 euros'

La fijación de una fianza a los ecologistas en el caso del parany se justifica en el auto en que hay que poner una garantía patrimonial que avale la confianza legítima que tienen las 3.800 personas que cuentan con licencias de la Consejería de Medio Ambiente para cazar esta temporada. Una garantía que, a juicio del abogado de Ecologistas en Acción, José Luis Ramos, es injustificada. Argumenta que los paranyers sólo se han gastado 9 euros en la licencia, que han pagado a la consejería, y otros 12 en la cuota de socios del Club de Cazadores (Apaval). 'Que les devuelvan el dinero y en paz'. Y en todo caso, apunta, 'ese dinero se lo tienen que reclamar a quien les ha llevado a esa situación, que es la consejería, que les ha dado licencia para una actividad ilegal'. Argumentan también los ecologistas que las pérdidas multimillonarias que aseguran los cazadores que tendrán demuestran que el parany 'no es una actividad tradicional complementaria a las economías rurales, sino un lujo al alcance de gente con dinero', ya que, afirman, 'hay montado todo un negocio paralelo de venta de fincas óptimas para el parany y de subastas de los puestos'. Ramos añade: '¿Quién pagará el daño que se a causar a las especies protegidas'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 13 de octubre de 2002

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