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El comité ejecutivo de Mercalicante consintió que el ex gerente administrara otras empresas

Clavero tenía contrato de exclusividad con la firma pública, pero creó dos mercantiles

La dirección ejecutiva de Mercalicante, integrada por el alcalde Luis Díaz Alperi, los ediles del PP Juan Zaragoza y José María Rodríguez Galant, y dos responsables de la sociedad estatal Mercasa, consistió que el ex gerente de la empresa, Emilio Clavero, acusado de los delitos de apropiación indebida y administración desleal y en situación legal de libertad con cargos, creara y administrara como socio único al menos dos empresas pese a estar contratado en exclusiva para Mercalicante. Una de ellas, Ekonos Group 2000, SL, tiene su sede social en la propia Mercalicante.

El objeto social de Ekonos es el desarrollo y comercialización de todo tipo de productos informáticos. Esta empresa, según datos registrales, comenzó oficialmente a operar el 13 de septiembre de 2000 con el objeto social de compra-venta y arrendamientos de fincas, sede en Coslada (Madrid) y dos administradores, Ramón Cerdá Sanjuan y Francisco Pino. El 22 de agosto de 2001, cuando Mercalicante desarrollaba un proyecto de interconexión de mercados electrónicos con subvenciones de la Generalitat que precisaba diverso material informático, Clavero adquirió Ekonos, modificó su objeto y sede social y se convirtió en su único administrador.

Antes de que a finales de julio de 2002 saltara el escándalo en Mercalicante y Clavero fuera destituido, algunos miembros del comité ejecutivo de la sociedad mixta reprocharon al ex gerente la creación de tal empresa, y le recordaron que su contrato mantenía una cláusula de exclusividad con Mercalicante. Clavero no podía, por tanto, administrar más empresa que la sociedad de capital municipal y estatal, pero la dirección ejecutiva pasó por alto la irregularidad después de que ex generente argumentara que Ekonos no desarrollaba actividad alguna.

Los responsables políticos de Mercalicante pasaron también por alto o no prestaron atención suficiente al cúmulo de irregularidades detectadas por los auditores en la empresa mixta. Nadie percibió que en 2001 Clavero cargó a las cuentas de Mercalicante casi 47.000 euros (unos 8 millones de pesetas) en comidas, gasolina y aparcamiento. Tampoco la Generalitat se ocupó de controlar el destino de las cuantiosas subvenciones que concedió a Mercalicante, pese a que gran parte de las obras y servicios a las que estaban destinadas las ayudas públicas no se han realizado.

Existe un vínculo de unión entre Clavero, las empresas que éste creó -Ekonos y La Luenga Inversiones- y algunas de las firmas en las que supuestamente se apoyó para cometer el fraude en Mercalicante: Intermark, SL, Inver, SL, Intercom, SL. En realidad, esas firmas se llaman Interrrelacions del Marketing, SL, Inversiones Verticales, SL, e Interrelacions Comercials, SL. Todas ellas tienen su sede social en Barcelona, ciudad de la que Clavero es natural, y están administradas por la misma persona: Antoni Rocas Llobet. La dirección actual de Mercalicante se ha querellado contra éste y contra Francisco Javier Luengo Sánchez, quien participaba con Rocas en Intermark y en Invercom hasta el pasado 7 de septiembre, fecha en la que ya había saltado el escándalo en Mercalicante.

José Emilio Clavero, el 25 de julio pasado, cuando su gestión ya estaba sometida a una auditoría externa y su destitución de la gerencia de Mercalicante era inminente, se convirtió oficialmente en socio único y administrador de la firma La Luenga Inversiones. Antes de esa fecha el administrador único de la firma era Ramón Cerdá Sanjuan, la misma persona que le transmitió Ekonos en agosto de 2001. Cerdá trasvasó también una empresa, Invictus Veritas, a Francisco Javier Luengo. Por el momento se desconoce tanto si Ekonos y La Luenga Inversiones han facturado con Mercalicante como el motivo por el que Cerdá y otros miembros de las empresas se desvincularan de las mismas cuando conocieron que Clavero tenía los días contados en Mercalicante.

Entre abril y octubre de 1999, Clavero firmó tres contratos con sus amigos de Inver, Intermark e Intercom, según los cuales Mercalicante les arrendaba una nave de frigoconservación y multiservicios que en esos momentos se estaba construyendo y que posteriormente inauguró el ministro Arias Cañete. Según consta en la auditoria de Price Waterhouse. Tanto el consejo de admnistración como el comité ejecutivo conocían esos contratos.

El negocio de ese arrendamiento para Mercalicante fue tan ruinoso que, según los auditores, buena parte del agujero económico que ha dejado la empresa pública tiene en ese alquiler y en su nefasta administración uno de sus orígenes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 13 de octubre de 2002