Interior duplicó en 2001 los expedientes disciplinarios graves abiertos contra 'ertzainas'

La División de Inspección General (asuntos internos) de la Ertzaintza ha duplicado el número de expedientes por falta grave (42) o muy grave (2) incoados el pasado año, frente a los resueltos en 1997, fecha de los últimos datos oficiales facilitados por Interior (en conjunto, 21). La actuación de esta división, que el consejero Javier Balza decidió reforzar la pasada legislatura, ha cobrado tintes polémicos con las acusaciones del PP de que ejerce de 'policía política' y las críticas de varios sindicatos de que realiza una 'caza de brujas' entre los ertzainas 'disidentes'.

El número de agentes expedientados con una resolución firme el pasado año ascendió a 177, frente a los 120 ertzainas de 1997, según datos oficiales de Interior. En total, los procedimientos disciplinarios abiertos por la División de Inspección General sumaron 127, frente a los 100 expedientes abiertos en 1997, según los datos remitidos por el entonces consejero de Interior, Juan María Atutxa, a preguntas de una parlamentaria de Unidad Alavesa.

Si se compara con datos anteriores a 1997, de los que también se posee información gracias a la labor de oposición del PP o de UA, Interior, los expedientes han crecido de manera exponencial: entre enero de 1992 y noviembre de 1997, es decir en casi cinco años, Interior concluyó un total de 154 expedientes disciplinarios e impuso 88 sanciones. De ellas, 84 se resolvieron con suspensión de, a tres erzainas se les separó del servicio y a otro se le apercibió, según una respuesta parlamentaria de 27 de noviembre de 1997.

El triple de agentes

La Unidad de Asuntos Internos, dirigida en la actualidad por el anterior jefe de la lucha antiterrorista, ha visto casi triplicado su número de agentes gracias a la reordenación impulsada por Balza en la anterior legislatura. En el proyecto de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del verano de 2001, el número de ertzainas adscrito a esta unidad superaba los 80, frente a la treinta de antes de la reforma, según datos oficiales.

Sin embargo, muchos de los ertzainas expedientados deciden finalmente recurrir la sanción ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo. Y en ese campo de juego, el departamento logró el año pasado un buen resultado. Ningún tribunal anuló alguna falta grave de las que se resolvieron en 2001 y fueron confirmadas en total 37 de las sanciones leves, graves y muy graves sobre las que se pronunciaron las diferentes salas de lo Contencioso Administrativo durante el año pasado. De hecho, ninguna sanción por falta muy grave recurrida a los tribunales de justicia fue anulada, mientras que únicamente se echó atrás una por falta grave.

Aunque el grueso de los expedientes no afectan a la libertad de expresión, sindicatos como el mayoritario Erne y Comisiones Obreras, además de partidos como el PP, vienen alertando sobre episodios de 'caza de brujas' y de actuaciones de 'policía política' en la Ertzaintza. Por contra, el departamento mantiene que la Ertzaintza es el 'colectivo policial que goza de más libertad de expresión de Europa, si bien debe someterse a un mínimo código deontológico en el que no cabe insultar a la sociedad a la que sirve, ni ocultarse en el anonimato para injuriar', en alusión a alguno de los últimos y sonados expedientes incoados contra ertzainas. En concreto, la reflexión de Interior estaba motivada por el caso del ertzaina A. H.M., para el que Interior ha propuesto una suspensión de 15 días por falta grave por proferir, fuera de servicio, expresiones 'ofensivas' y de 'desprecio' contra el País Vasco durante las fiestas de Laguardia de 2001.

El 25 de junio de ese año, tras escuchar una discusión sobre la españolidad o no del País Vasco en un bar, el agente gritó dos veces 'Viva España' y luego dijo que 'Euskadi es una puta mierda' y que 'en cualquier sitio se vive mejor que aquí' [por el País Vasco]. El policía está pendiente de la resolución de su expediente. Este mismo ertzaina, que en la actualidad realiza labores de escolta ya ha sido expedientado en otra ocasión por Interior, en ambos casos denunciado por un concejal del PNV de Laguardia. Un tercer expediente supondría su expulsión.