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Madrid tendrá un reformatorio para menores con trastornos mentales

El centro, de 20 plazas, será gestionado por el Grupo Norte

La localidad de Guadarrama albergará el próximo año un nuevo reformatorio cerrado para menores autores de delitos con 20 plazas, la mitad para chavales con trastornos mentales. La Ley Penal del Menor prevé el ingreso en centros terapéuticos de los infractores con problemas psíquicos, pero Madrid carece de lugares donde aplicar esa medida. El futuro recinto pretende llenar ese vacío. Lo gestionará la Fundación Grupo Norte, que regenta también el reformatorio El Pinar, en Fuencarral.

Los jueces de menores madrileños sólo ordenaron en 2001 un internamiento en un centro terapéutico especializado en trastornos mentales. Ante la falta de un dispositivo adecuado en la región, el joven fue ingresado en el centro malagueño de San Francisco de Asís. El nuevo reformatorio de Guadarrama pretende llenar ese vacío. Ocupará un chalé donde funcionó un centro para menores desamparados con problemas de conducta, perteneciente al Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) y regentado por la Fundación Diagrama. El propio Gobierno regional ordenó su cierre en marzo de 2001, a instancias de la Fiscalía del Menor, por presuntos malos tratos a los chavales. El asunto está siendo investigado por los jueces.

Durante un año, el edificio permaneció sin actividad, pero el pasado 29 de julio, el IMMF abrió en él un reformatorio con 10 plazas en régimen semiabierto (en el que los internos pueden abandonar el centro para realizar actividades) y adjudicó su gestión al Grupo Norte, que recibirá 264 euros al día por cada plaza. Eso supondrá un desembolso -hasta el 31 de diciembre próximo- de 411.000 euros

El objetivo último del instituto es convertir el recinto, en 2003, en un centro cerrado de 20 plazas (la mitad para jóvenes con trastornos psíquicos) que será regentado por la misma entidad. Portavoces de Servicios Sociales explican que aunque el recinto se convierta en un reformatorio cerrado, el objetivo es tener también en él a internos en régimen semiabierto. 'Es lo que están haciendo todas las comunidades autónomas', añaden.

La Ley Penal del Menor, vigente desde enero de 2001, permite que los reformatorios sean regentados por entidades privadas sin ánimo de lucro. La Fundación Grupo Norte está vinculada a un holding (sociedad poseedora de una cartera de acciones de diversas empresas, que pueden pertenecer al mismo sector o a sectores diversos) que posee una red de empresas de limpieza, seguridad, trabajo social, telemarketing y una empresa de trabajo temporal.

La consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, dice que la Fundación 'carece de afán de lucro'. 'Se trata de una entidad sin ánimo de lucro que usa los recursos materiales y humanos del Grupo Norte, con experiencia en la prestación de servicios sociales. No sólo cumplimos la Ley del Menor, sino que fortalecemos sus objetivos al contar con una entidad sólida', añade.

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La diputada regional del PSOE Elena Vázquez discrepa: 'No estamos de acuerdo con la política del Gobierno autonómico de adjudicar la gestión de los centros donde se aplica esta ley a entidades que se anuncian como carentes de lucro y que, en realidad, proceden de holdings'.

Seis jóvenes de la 'kale borroka'

El reformatorio para menores imputados en delitos de terrorismo callejero o kale borroka que la Comunidad abrió en Carabanchel a inicios de septiembre tiene ya ocupadas 11 de sus 20 plazas. Pero sólo seis de sus internos, todos ellos vascos, están acusados o condenados por violencia callejera. El resto está procesado por otros delitos.

El Gobierno regional, que abrió el centro a través de un convenio con los ministerios de Justicia e Interior, siempre ha previsto que las plazas que no se llenasen con chavales de la kale borroka se ocuparían con menores autores de otros delitos.

El reformatorio, bautizado como Los Rosales y gestionado por la Asociación Respuesta Social Siglo XXI, está en la vieja unidad de madres de la cárcel de Carabanchel. Cada plaza ocupada cuesta 398 euros diarios.

Los seis menores vascos están internados en un reformatorio madrileño porque así lo fija la Ley Penal del Menor tras la reforma aprobada en diciembre de 2000 por el Congreso de los Diputados con el apoyo de todos los grupos salvo PNV, IU, EA y BNG. Dicha norma establece que los menores imputados en actos de terrorismo urbano deben ser juzgados en la Audiencia Nacional, no por tribunales ordinarios, y cumplir las medidas de internamiento en Madrid y no en Euskadi. La ley indica que los menores tienen derecho a ser ingresados en reformatorios cercanos a sus hogares pero admite esta excepción.

Hasta la apertura de Los Rosales, estos jóvenes han estado internados en otros dos reformatorios (Madroño y Renasco).

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