El Gobierno repite el concurso de traslados de 1998 que anuló el Superior
Todos los sindicatos tienen representación en la comisión encargada de evaluar los méritos
El Gobierno ha puesto en marcha el proceso para repetir el concurso de traslados de 1998 que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anuló el año pasado por entender que se habían cometido irregularidades en el nombramiento de la comisión de evaluación y en la fecha para que los funcionarios presentaran los méritos. El Boletín Oficial del País Vasco publicó el pasado viernes una orden de la vicelehendakari y consejera de Hacienda y Administración Pública, Idoia Zenarruzabetia, subsanando estas ilegalidades. Además de modificar la composición del tribunal encargado de evaluar los méritos, abre un plazo de 15 días para que los funcionarios que tomaron parte en el concurso de 1998 presenten los méritos ajustados a las fechas que le exige el TSJPV.
Con la repetición del concurso, el Gobierno da el paso más importante para poner orden en el caos de personal en el que se hallaba. La anulación del concurso de 1998, en el que intervinieron 1.110 trabajadores, afecta también al concurso de traslados convocado en el año 2000, con 250 plazas, y a la Oferta Pública de Empleo (OPE) de ese mismo año y con 750 puestos en juego.
Al no saber con exactitud qué plazas podía ofertar en estos procesos, la Administración optó este mismo año por suspender de manera temporal la OPE y por aplazar la fecha prevista para la toma de posesión en los nuevos puestos de los funcionarios que participaron en el concurso de 2000. Una vez resuelto el concurso de 1998, los demás procesos pueden seguir su curso, con lo que se despejaría el atasco actual.
Funcionarios de carrera
El proceso judicial en el que se ve inmersa en la actualidad la Administración vasca comenzó en septiembre de 2001, cuando el TSJPV tomó en cuenta un recurso planteado por UGT y dictó una sentencia obligando al Gobierno a repetir el concurso organizado en 1998 por dos cuestiones. Primero, porque el tribunal que había elegido la Administración para juzgar los méritos de los participantes no estaba compuesto por funcionarios de carrera y porque sólo participaba ELA como representante sindical, cuando la ley deja que intervengan todos los sindicatos que cuenten con más del 10% de representación.
Y en segundo lugar, porque la fecha límite de entrega de los méritos y las solicitudes debía ser la del cierre del plazo de presentación de las instancias y no la fecha de publicación de la convocatoria, lo que a efectos prácticos significa ampliar un mes el plazo de presentación de solicitudes.
En el plazo transcurrido entre la convocatoria del concurso en marzo de 1998 y la publicación del fallo judicial, en septiembre de 2001, se produjo la toma de posesión de los funcionarios que cambiaron de destino, la organización de otro concurso en el 2000 y la celebración de varios exámenes de la OPE ese año. Todo queda ahora pendiente del resultado del primer concurso.
En la nueva comisión nombrada para evaluar los méritos de los funcionarios toman parte miembros de la Administración y representantes de todos los sindicatos.
