Siete mil 'paranyers' se quedarán sin poder cazar tras pedir los ecologistas la ejecución de la sentencia

Unos 7.000 paranyers, cazadores de tordo con parany, verán retirada su licencia para la temporada que empieza el próximo día 12 y se prolonga hasta el siete de noviembre. Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que hace una semana declaró no ajustado a derecho el decreto de la Generalitat que permitía esa modalidad de caza, los ecologistas solicitaron que dicho fallo se ejecutara y la sala del TSJ ha contestado afirmativamente y será firme el próximo martes. La última oportunidad que tiene la Generalitat de evitar la ejecución de la sentencia se agotará el próximo día ocho cuando su representación letrada haya expuesto ante el magistrado ponente las razones que deben permitir que la temporada se desarrolle. Sin embargo, los fallos precedentes hacen presagiar, según los ecologistas, que el TSJ no ha encontrado razón alguna para permitir el parany (práctica que no se permite ni en Cataluña ni en Aragón y que está prohibida por el ordenamiento europeo).

La providencia del TSJ recoge explícitamente: 'La admisión a trámite de esta solictud de ejecución provisional de sentencia sin necesidad a esperar que la Generalitat Valenciana, Federación de Caza o Club de Cazadores Apaval formulen esa vía de impuganción, se sustenta sobre este argumento nuclear: el día 12 de octubre comienza la temporada hábil'. Aunque la Generalitat y las asociaciones de paranyers anunciaron la presentación de un recurso a la sentencia, ayer aún no se había presentado.

Apaval (Asociación de Paranyers de Valencia) tiene más de 5.000 socios, incluidos aficionados de las comunidades catalana y aragonesa. Además, de los socios, según fuentes de la asociación, unos 2.000 no asociados se suman a la caza del tordo con liga, considerada ilegal porque el sistema atrapa a otras especies protegidas, en la Comunidad. A pesar de la retirada de las licencias, cuyo pronunciamiento será firme el próximo martes, los ecologistas denuncia la imposibilidad de fiscalizar que los paranyers actúen debido a los espacios escondidos en los que se practica.