Sanz dice que la integración de los inmigrantes no debe "recortar derechos" propios

El presidente navarro, Miguel Sanz, advirtió ayer de que no permitirá que la integración de inmigrantes suponga 'recortes de derechos sociales para los navarros' en materias como acceso a la vivienda, subvenciones o ayudas sociales. Sanz abrió el debate anual del estado de la comunidad asegurando que la cohesión social es el 'objetivo máximo' de su Gobierno y para ella es 'clave' la integración de los inmigrantes -20.000 personas en Navarra, de ellas 10.000 sin papeles-. Pero agregó que esa integración 'no puede hacer tocar a menos a quienes han sido los verdaderos artífices de nuestro desarrollo económico y social' y siguen con necesidades.

La Diputación de Vizcaya ha aumentado el precio por trasladar todas sus sedes a Abandoibarra. Los 420 euros por metro cuadrado que ofrecía a principios de año se han elevado ahora a 612, con lo que la torre de 34 pisos de altura le supondrá un coste sólo en la adquisición del suelo edificable de 36,7 millones de euros, lo que supone 11,5 millones más que su idea inicial.

Los representantes del PNV en la dirección de la sociedad Bilbao Ría 2000 propusieron este precio en la reunión del consejo directivo.

El presidente navarro, Miguel Sanz, advirtió ayer de que no permitirá que la integración de inmigrantes suponga 'recortes de derechos sociales para los navarros' en materias como acceso a la vivienda, subvenciones o ayudas sociales. Sanz abrió el debate anual del estado de la comunidad asegurando que la cohesión social es el 'objetivo máximo' de su Gobierno y para ella es 'clave' la integración de los inmigrantes -20.000 personas en Navarra, de ellas 10.000 sin papeles-. Pero agregó que esa integración 'no puede hacer tocar a menos a quienes han sido los verdaderos artífices de nuestro desarrollo económico y social' y siguen con necesidades.

La vinculación de la inmigración con un riesgo de recorte de derechos de la población autóctona fue duramente criticada por el socialista Juan José Lizarbe, quien, en una de sus réplicas, le espetó a Sanz: 'Usted se ha pasado. Los inmigrantes vienen a trabajar y los necesitamos. Darles los servicios básicos no es un acto humanitario, sino una cuestión de derechos humanos y dignidad'. [Silvia Velásquez, responsable de atención al inmigrante de UGT, primer sindicato navarro, también rechazó esa asociación de ideas. 'Vincular inmigración con peligro y delincuencia es un gran error que crea alarmismo y distorsiona la realidad', señaló].

La oposición consideró 'propaganda vacía, sin contenidos ni iniciativa' el diagnóstico hecho por Sanz sobre la situación de la comunidad foral. Para la oposición, el Gobierno regionalista practica el 'autoritarismo', carece de proyecto e ideas de futuro y acepta una alarmante 'sumisión' frente a los 'excesos centralistas' del Gobierno popular.

Como en años anteriores, Sanz dibujó un panorama social y económico muy positivo, sólo amenazado por el terrorismo. Lizarbe criticó con dureza esa idea, aunque ofreció a UPN, y Sanz lo aceptó, un pacto de lealtad mutua para defender la 'identidad propia' de la región frente a las aspiraciones soberanistas del Gobierno vasco y Batasuna. Ambas fuerzas reafirmaron su compromiso de luchar contra ETA y defendieron la ilegalización de Batasuna.

Al margen de ese consenso, los socialistas señalaron que, frente a la 'Arcadia feliz' dibujada por Sanz, la economía ha empeorado (más paro, más temporalidad, más siniestralidad laboral y menos cobertura social), los navarros de rentas medias y bajas pagan más impuestos, la política de vivienda social está paralizada, no se consiguen las transferencias pendientes, no se concreta la modernización de infraestructuras, no se ataja el fraude fiscal, aumenta la delincuencia y UPN, como alternativa al creciente déficit público, se dedica a vender patrimonio público y privatizar servicios.

Félix Taberna (IU) reprochó a UPN que aplique políticas fiscales y laborales de carácter neoliberal que han empobrecido a las clases sociales más humildes y han contribuido a debilitar la calidad del empleo. Taberna rechazó la venta de patrimonio público (Autopistas de Navarra) para mejorar la debilitada estructura presupuestaria de la región. Izquierda Unida sospecha que la privatización de activos financieros como el de la autopista no se convertirá finalmente en un activo patrimonial (suelo público para vivienda social), sino que la Hacienda Foral lo usará para cubrir otros gastos corrientes.

Los socialistas habían calificado antes esta operación de 'pelotazo' y cifraron en 78 millones de euros 'en el peor de los casos' y 360 millones 'en el mejor' el beneficio que la SEPI obtendrá de la venta del 100% de la Empresa Nacional de Autopistas, copropietaria de Audenasa. 'No nos engañe señor Sanz', subrayó Lizarbe, 'sacándose de la chistera un plan urgente de vivienda. A usted le han obligado desde Madrid a vender la parte pública de la autopista y usted obedece'.

José Andrés Burguete (CDN), pese a su condición de socio presupuestario del Ejecutivo, criticó con dureza a UPN por su 'entreguismo barato' a los intereses de Madrid y la 'nula defensa' del régimen foral frente al Gobierno central. Sanz respondió haciendo votos para que el partido de Alli siga siendo 'útil y práctico' a las políticas gubernamentales.