El juez pide por segunda vez al Ayuntamiento de Torres un expediente urbanístico

El juez que investiga un supuesto caso de corrupción urbanística en Torres de la Alameda ha vuelto a requerir al Consistorio, por segunda vez, para que le remita el expediente sobre una parcela en la que se iban a levantar 600 chalés y un campo de golf. El juez Pascual Fabiá, del Juzgado de Instrucción número 35, investiga la denuncia de los promotores urbanísticos que aseguran que el ex abogado municipal de Torres, Fernando Martín Corroto, les exigió, en nombre del Ayuntamiento, 3,5 millones de euros a cambio de recalificar estos terrenos para construir los chalés.

El juez requirió la semana pasada al Consistorio de Torres de la Alameda, próximo a Alcalá de Henares, para que le enviase el expediente urbanístico de la citada parcela. Y ya es la segunda vez que se ve obligado a hacerlo: la primera fue en julio pasado, pero el Ayuntamiento ha dado la callada por respuesta. En esta ocasión, el juez ha impuesto un plazo al Consitorio para que le entregue esa documentación.

Mercedes Polo, portavoz del grupo del PSOE, aseguró ayer que los requerimientos judiciales demuestran que el alcalde conocía los hechos desde antes del verano. 'En contra de lo que nos ha dicho a nosotros', añadió.

Según fuentes cercanas a las pesquisas, en las diligencias constan grabaciones efectuadas por dos representantes de los promotores durante entrevistas con el abogado en las que éste les exige 3,5 millones de euros para concertar las voluntades de técnicos de la Comunidad con vistas a lograr la recalificación del terreno y poder construir los chalés. También existen intervenciones telefónicas (éstas, decretadas por el juez) en las que se oye al abogado pedir dinero por tales gestiones. 'Para que esto siga adelante, hay que poner dinero', se escucha, entre otras cosas, en una de las grabaciones. De momento no hay ningún imputado en las pesquisas. El juzgado está a la espera de que el Ayuntamiento le remita el citado expediente para citar, previsiblemente como imputados, al ex abogado municipal, al alcalde y al edil de Urbanismo de Torres.

Las escuchas revelan la supuesta implicación del abogado en los hechos. También hay conversaciones entre el letrado y el alcalde, aunque en ellas, según fuentes de las partes, la implicación del regidor es difusa. Si sólo está impicado el letrado, los hechos constituirían una estafa; si hay algún cargo municipal, cohecho.

Tanto el alcalde como el abogado han negado estar implicados en tales hechos. 'Empiezo a trabajar para el Ayuntamiento en marzo de 2002 y el municipio había recalificado los terrenos en el verano de 2001. Para que esta recalificación fuera firme, faltaba el visto bueno de la Comunidad. ¿Cómo voy a pedir dinero para que la Comunidad apruebe algo si yo trabajo para el Ayuntamiento? No tiene sentido', argumenta el letrado.