Rambla defiende la deuda frente al déficit cero que apoya el Gobierno

Vicente Rambla, consejero de Hacienda, tiró por tierra ayer la teórica unidad de criterio y cohesión del PP cuando defendió que 'la deuda es una opción política' en una comparecencia parlamentaria. La deuda, desde luego, es una opción política, pero no precisamente la que sostiene desde hace tres años el Gobierno que preside José María Aznar, empeñado en la cruzada del equilibrio presupuestario.

La Comisión Europea recibió severas críticas del Gobierno español cuando anunció la semana pasada una flexibilización de los plazos exigidos a los Estados miembros para cumplir el axioma del déficit cero en un intento de animar el gasto público y alegrar la economía europea.

Rambla defendió su opción con los mismos argumentos que utiliza la Comisión Europea: 'Ustedes prefieren una comunidad sin infraestructuras e incapaz de crecer, nosotros preferimos invertir con un coste financiero asequible y que las generaciones futuras disfruten de un crecimiento sostenible'. El consejero de Hacienda comparecía en las Cortes para aclarar los términos de un plan de saneamiento de la situación financiera de la Generalitat pactado con el Gobierno que Eduardo Zaplana deslizó en una visita a Madrid en septiembre de 2001 en unas declaraciones recogidas por Cinco Días. Rambla negó que tal plan exista, aseguró que no es necesario y se permitió comparar la situación financiera de la Comunidad Valenciana con la de Alemania.

Cristina Moreno y Joan Antoni Oltra, portavoces del PSPV y de Esquerra Unida, insistieron en subrayar el peligroso volumen de la deuda de la Generalitat, su crecimiento aparentemente imparable y su tamaño en relación al PIB de la Comunidad. Ambos invitaron al responsable de Hacienda a descender a la realidad y a negociar con la oposición un acuerdo para sanear las arcas de la Generalitat.

Rambla, por su parte, reiteró que la situación financiera de la Generalitat es perfectamente asumible como demuestran las agencias de calificación internacional y explicó que los indicadores de deuda deben estimarse en términos relativos. Así, explicó que la deuda de la Generalitat representa un 10,1% del PIB de la Comunidad Valenciana mientras que la deuda de Alemania, se eleva hasta el 60% de su PIB.

La oposición expresó su perplejidad ante la osadía del consejero al comparar las cuentas de una comunidad autónoma con las del mayor Estado de Europa y puso el dedo en la llaga cuando pidió explicaciones sobre el acuerdo adoptado el pasado 2 de agosto por el Consejo de Ministros para autorizar a la Generalitat la reconversión de créditos bancarios por un valor total de 3.240 millones de euros en emisiones de deuda pública a 30 años. Tal autorización constituye, de hecho, un plan de saneamiento puesto que dilata hasta tres décadas el pago de créditos solicitados a entidades bancarias y que suman la mitad de la deuda pública de la Generalitat de acuerdo con los últimos datos del Banco de España.

Rambla evitó cualquier comentario sobre el expediente relativo a tal acuerdo del Consejo de Ministros. No explicó por qué se solicitó tal autorización y, desde luego, no comentó las razones que justifican la decisión del Gobierno.

Cuando la portavoz socialista Cristina Moreno ofreció la relación de créditos a largo plazo solicitados por empresas y entidades de la Generalitat durante los seis primeros meses de este año, que suman 1.100 millones de euros, Rambla optó por la broma: 'Ha descubiero la pólvora'. El responsable de Hacienda explicó que la Generalitat dispone de un departamento específico para ejecutar diariamente operaciones financieras y sugirió que la relación completa de transacciones bancarias practicas por la Administración autonómica sería inabarcable.

Joan Antoni Oltra, de Esquerra Unida, sentenció: 'No hay peor ciego que el que no quiere ver'. Y coincidió con Joan Francesc Peris, del Grupo Mixto, al denunciar que la Generalitat 'ha enterrado' millones de euros en proyectos como Terra Mítica o el Proyecto Cultural de Castellón y ha dejado de lado inversiones para atender las prioridades reales de los ciudadanos.