Una 'china' en el zapato de France Télécom

La empresa al-pi, fruto de la mayor privatización realizada hasta ahora por la Generalitat, se ha convertido en un gran quebradero de cabeza para el Gobierno catalán, a un año de las elecciones y en un contexto de crisis de las telecomunicaciones.

En las próximas semanas, y tras un puñado de puentes aéreos, el Gobierno catalán debe dar una respuesta a la oferta envenenada que le ha hecho France Télécom, que es su incómodo compañero de viaje en la historia de al-pi desde que, hace tres años, el operador francés se hiciera, a través de Uni2, con el 75% de la empresa pública catalana por 78,13 millones de euros.

El Gobierno catalán, que mantiene el 25% de las acciones de al-pi, debe decidir si acepta venderle este 25% al propio Uni2 (France Télécom), como éste le ha propuesto. Es decir, que Uni2, con sede en Madrid, se quede con el 100% del capital del operador catalán al-pi.

Mas sólo venderá si puede controlar con avales los compromisos del accionista francés

France Télécom, controlada por el Estado vecino, siempre había negado rotundamente que quisiera el 100% de la empresa catalana, una posibilidad que había sido objeto de rumores intermitentes ante los problemas del Gobierno de Pujol para encontrar un socio interesado en comprar su parte a medida que la crisis de las telecomunicaciones se acentuaba.

Extraoficialmente, los socios franceses confesaban un motivo para continuar interesados en que la Generalitat se mantuviera en al-pi: 'El accionista se siente más obligado a ser cliente'. De todos modos, con el 75% del capital, no hay duda sobre quién llevaba el peso de las decisiones.

Sin embargo, hoy, France Télécom 'subraya su interés máximo' por al-pi y 'descarta la posibilidad de desinvertir', en palabras de un portavoz. Fuentes conocedoras de las negociaciones en curso entre la compañía francesa y la Generalitat explican que, desde el verano, France Télécom propone quedarse directamente con toda la empresa.

En la decisión de la Generalitat pesarán, en esencia, dos factores, que se están discutiendo con el accionista mayoritario: en primer lugar, el precio de la operación; y, en segundo lugar, el alcance de los avales comprometidos por France Télécom durante la privatización, que en total ascienden a 28,9 millones de euros.

En cuanto al precio, la oferta sugerida por France Télécom no supondría más dinero nuevo para el Gobierno catalán. Según las fuentes consultadas, el operador pretende que la Generalitat se limite a cobrar 12 millones de euros. Esta cantidad es justamente la que al-pi recibió en calidad de préstamo de la Generalitat para financiar sus inversiones. Si el Gobierno catalán aceptase, se limitaría a cobrar antes de tiempo los 12 millones de euros que en su día tomó prestados al SCH para prestárselos a su vez a al-pi, cuyo 25% valdría unos 26 millones según la valoración de France Télécom en 1999.

La Generalitat no ha entrado a discutir a fondo el precio, pero ha puesto sobre la mesa una condición: únicamente está dispuesta a permitir que France Télécom se quede con el 100% de al-pi 'si se modifican los avales pactados' hace tres años. Si ahora el dinero comprometido hace referencia a la creación de 540 empleos y a 288,49 millones de euros de inversiones en Cataluña en 10 años, el Gobierno catalán quiere que los avales abarquen también las actuaciones de France Télécom que puedan hacer de al-pi el proyecto para el que fue concebido cuando se privatizó: un operador autónomo destinado al mercado empresarial con sede en Barcelona y, a poder ser, con proyección española.

La firma DCo ha certificado en una auditoría que Uni2 cumplió los compromisos avalados de empleo e inversión hasta el 31 de diciembre de 2001. Sin embargo, la Generalitat admite que no ha levantado los primeros avales, por un valor aproximado de 6,61 millones de euros y ya reclamados por los franceses.

Algunos observadores ven en la actitud de la Generalitat un arma de presión en su estira y afloja con France Télécom, teniendo en cuenta la insatisfacción del Gobierno catalán sobre lo ocurrido con otros compromisos, no avalados pero condicionantes del modelo de negocio de al-pi, como que le sean traspasados todos los clientes empresariales de Uni2 en Cataluña. Recientemente se desbloqueó el desacuerdo sobre una parte de los clientes pendientes de traspaso. Según algunas fuentes, la insatisfacción del accionista público incluye los planes de inversión y empleo a partir de enero pasado.

Sin acuerdo, la Generalitat mantiene abiertas todas las opciones para al-pi, 'salvo permitir que quiebre'. Una de estas opciones es recomprar a France Télécom su 75% en al-pi, con la idea de revender la compañía a un tercero. En el sector no se niega algún contacto exploratorio con los escasos candidatos potenciales, empezando por una Retevisión hoy por hoy reticente.