Becas menguantes

Sostiene la ministra de Educación, Cultura y Deporte que el rector de la Universidad de Salamanca, presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, 'quizá no tenga la información adecuada' sobre la política de becas del ministerio al quejarse de la disminución de las becas llamadas compensatorias. Éstas se destinan a los alumnos cuyas familias tienen un nivel de renta tan bajo, del orden de 2.300 euros por persona y año, que el hecho de que uno de sus miembros estudie supone un sacrificio a veces insalvable.

Lo cierto es que, en un escrito dirigido el pasado mes de mayo a las delegaciones de Educación y a las universidades, el ministerio ha restringido las condiciones para poder optar a dichas becas. Ahora ya no es suficiente con tener un bajo nivel de ingresos, tiene que concurrir también alguna de las circunstancias siguientes: orfandad absoluta, desempleo del sustentador principal, invalidez, familia monoparental, etcétera. Se convierte en requisito lo que antes era una circunstancia coadyuvante para obtener una beca. Durante el curso pasado ya se aplicaron estas nuevas exigencias a los alumnos que iniciaban sus estudios en cualquiera de los niveles educativos, pero en este curso se aplicarán con carácter general.

Se puede retorcer la argumentación hasta donde se quiera, pero es difícil concluir que no estamos ante un endurecimiento de las condiciones para obtener una ayuda compensatoria y, por lo tanto, ante una medida que se traducirá en su reducción. Debido a su carácter de compensación a las familias más desfavorecidas para que sus jóvenes tengan alguna oportunidad de estudiar, estas becas son un ejemplo indiscutible de política social necesaria, ahora en retroceso, pero el problema es más general.

La disminución en el número de becados universitarios ha sido continua a lo largo de los últimos seis años a pesar de que el censo total de estudiantes ha permanecido constante. Puede la ministra sostener lo contrario, pero el esfuerzo en ayudas a los estudiantes ha disminuido en relación al PIB aunque haya aumentado en términos nominales.

El Informe Universidad 2000, o Informe Bricall, ya señalaba la enorme distancia en las ayudas a los estudiantes entre España y los países europeos: un 14% de alumnos becados frente a un 40% de media en Europa. Y recomendaba aumentar este capítulo de forma sostenida. La política del ministerio no parece ir precisamente en esta dirección, sino en la contraria. De hecho, el número de becarios y otros alumnos que se beneficían de reducción de matrícula se reduce en la previsión presupuestaria para 2003 en 28.000 respecto a los presupuestos de 2002. Y a ello se añade que, en pesetas constantes, la cuantía media de las becas universitarias se ha reducido en un 4,9%, y las no universitarias, en un 3,8%.

Es posible que los responsables educativos de sistemas europeos que han demostrado una eficacia muy superior a la del sistema español se hayan venido equivocando en todos esos países y en todo momento, y que lleven razón nuestras propias autoridades y sus ideólogos. Hay, sin embargo, motivos para dudarlo. Además de evidentes razones de justicia social, sería prudente fijarse en lo que hacen otros países cercanos que, más allá de los problemas siempre presentes en la política educativa, pueden acreditar una nota de sobresaliente en este campo.