El Gobierno prorroga hasta 2005 el sistema de financiación directa de la Iglesia católica

Prórroga, pagos a cuenta y elevación a definitivas de las cantidades entregadas de más en 2002. La Iglesia católica ya conoce cuántos millones va a recibir en 2003 a cuenta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el pago de los sueldos de prelados y sacerdotes. Serán 11.331.353 euros mensuales (135,97 millones en el año), a cuenta de lo que la Iglesia ingrese a través del IRPF de sus fieles. Como esa recaudación es siempre muy inferior a lo recibido del Estado, la ley también eleva a definitivas las cantidades entregadas a cuenta este año. La prórroga de este sistema tendrá vigencia hasta 2005.

Las disposiciones adicionales vigesimosegunda y vigesimotercera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2003 despachan, en apenas catorce líneas, el desarrollo de lo previsto en 1979 en los acuerdos entre el Estado Español y el Vaticano sobre Asuntos Económicos, aunque para el próximo ejercicio hay alguna novedad, si bien de menor calado que lo que desearía la jerarquía católica. Se trata de la prórroga del sistema de asignación tributaria a la Iglesia, con vigencia no sólo para el próximo ejercicio presupuestario, como venía siendo habitual, sino también para los dos siguientes, es decir, los presupuestos de 2004 y 2005. El actual Gobierno de Aznar termina su mandato en 2004.

Respecto a las cantidades entregadas a cuenta a la Iglesia, el Gobierno incrementa las del ejercicio pasado en algo más de 200.000 euros mensuales, pasando de los 11,1 millones de euros por mes en 2002 a algo más de 11,3 millones en todos y cada uno de los meses de 2003. La suma de todo el ejercicio asciende a 135.976.236 euros.

Entregas a cuenta

Como en ejercicios anteriores, el Gobierno entregará esas cantidades a la Conferencia Episcopal Española (CEE) 'a cuenta' de los ingresos que más tarde reciba Hacienda en la campaña de la renta (IRPF). Pero, como en años anteriores y en un proceso descendente que parece imparable, esas aportaciones de los católicos a su iglesia, marcando la casilla de donación correspondiente en el impreso de la declaración, no deja de disminuir cada año desde que entró en vigor el llamado impuesto religioso, en 1988.

En el ejercicio de 2000, las diferencias entre lo entregado por el Estado a la Iglesia y lo finalmente recaudado por el impuesto religioso superaron los 48 millones de euros en detrimento de la CEE. Por eso, elevando 'a definitivas las cantidades entregadas a cuenta en 2002', como reza la disposición adicional vigesimotercera de la ley presupuestaria, el Gobierno, lo que hace es perdonar a la Iglesia esa deuda de 48 millones. En los últimos diez años, las diferencias entre lo entregado a cuenta y lo recaudado más tarde a través de los impuestos suman 240 millones de euros.

Cuando el Gobierno socialista y los obispos acordaron en 1987 esa fórmula de financiación del catolicismo español, la Conferencia Episcopal aceptó un periodo transitorio de prueba, con el compromiso, que entonces creía muy plausible, de autofinanciarse plenamente con ese sistema a partir de 1991. Las aportaciones de los fieles, según el pacto, supondrían el 0,5239% de su cuota en el IRPF y estaban obligados aponer una equis en la casilla habilitada al efecto en el cuaderno de la declaración. Los demás contribuyentes podrían poder esa equis 'para otros fines sociales'

Pero pronto se vio que las previsiones de los prelados eran aire. Frente a la existencia real de un 90% de españoles católicos que preveían las autoridades eclesiásticas, sólo el 33% de las declaraciones del IRPF adjudican ahora su cuota a la Iglesia (en Cataluña, el porcentaje baja al 22%), poniendo en evidencia año tras año el fracaso de aquel impuesto religioso acordado como solución definitiva.

Las negociaciones entre el Gobierno del PP y la Conferencia Episcopal para buscar otro sistema de financiación 'más acorde', en palabras del cardenal Antonio María Rouco, presidente de la CEE, con la realidad de la Iglesia y del nuevo sistema fiscal, no han dado resultados y, a juzgar por las prórrogas ahora acordadas, tampoco fructificarán hasta más allá del ejercicio 2005.