El Superior pide que se certifique el interés público de la incineradora de Zabalgarbi

El Tribunal Superior de Justicia vasco ha reclamado a los gobiernos vasco y central que confirmen si el proyecto de la incineradora de basuras en Bilbao cuenta con la declaración de interés público. El Superior quiere certificar la ausencia de este requisito, lo que admite la promotora Zabalgarbi, que recurrió a otra fórmula para dar cobertura legal al proyecto. El auto responde a una denuncia de IU, que ve en la falta del requisito 'el encubrimiento de una operación urbanística'. Zabalgarbi rechazó ayer esta acusación y dijo que no solicitó la declaración 'porque no es necesaria'.

La controvertida incineradora de basuras, cuyas obras se iniciaron hace ya más de un año y pretende estar en funcionamiento a principios de 2004, tiene planteadas cuatro demandas judiciales. Tres de ellas han sido presentadas por el grupo municipal de IU en Bilbao y la otra, por un grupo ecologista. Izquierda Unida ha formulado denuncias contra el Plan Especial aprobado en 1999 por la Diputación -el instrumento que dio cobertura legal al proyecto-, la licencia de actividad y el proyecto de urbanización, concedidos ambos por el Ayuntamiento bilbaíno. En sus argumentaciones, señala que la planta permitirá la urbanización de las 108 hectáreas adquiridas en este área, de las que sólo 2,7 hectáreas son de volumen construido de la planta.

Este grupo solicitó a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Superior, que estudia las demandas, diferentes pruebas documentales que fueron rechazadas. Pero ahora, en un auto dictado el pasado 29 de julio, el Superior ha pedido a los departamentos de Industria y Ordenación del Territorio del Gobierno vasco y al Ministerio de Economía que certifiquen si Zabalgarbi ha solicitado la declaración de utilidad pública.

Este requisito, instaurado en los años 60 durante la dictadura de Franco, permite albergar actividades industriales en cualquier tipo de suelo y sin que sea necesario disponer de una amplia superficie.

'Vía lógica'

El tribunal pretende certificar la ausencia de este requisito, ya que el abogado de Zabalgarbi afirmó, en una declaración realizada el 14 de junio, que la empresa no había solicitado la declaración de utilidad.

IU ha censurado desde el principio que Zabalgarbi no recurriese al interés público para legalizar el proyecto en el área de Artigas, dado que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bilbao califica esta zona como no urbanizable y prohíbe las actividades industriales. La promotora logró el visto bueno con un Plan Especial, en vez 'de la vía lógica' de la declaración de interés, asegura el equipo jurídico de IU. 'Hubiera ocupado dos hectáreas y no 108. Los costes y los daños medioambientales habría sido menores', dice. Pone como ejemplo otro plan energético, el de IGCC de Petronor en Muskiz, que no ha tenido un plan especial y necesita una recalificación de suelo para implantar su infraestructura.

A su juicio, la única explicación es el 'encubrimiento' de una operación urbanística para que más de 100 hectáreas rurales se conviertan en suelo urbano y así construir más de 8.000 viviendas. En su auto, el Superior considera 'obvio' que el proyecto de urbanización de la incineradora 'entraña la disposición de servicios' que se requieren 'para todo suelo urbano'.

La concejal de IU en Bilbao, Julia Madrazo, mostró ayer su esperanza de que el Superior 'vea que es un negocio privado, aunque lo hayan disfrazados como gestión de basuras. Si fuera así, tenían que haber pedido la declaración de utilidad pública'. Madrazo cree que Zabalgarbi 'se ha acostumbrado a trabajar fuera de la ley, pero con todas las bendiciones institucional'.

Arturo Aldecoa, del PP, coincidió en que la gestión de los residuos 'es un asunto residual' del proyecto. 'Es una central térmica que tiene como complemento la incineración'. Opinó que la planta es 'un instrumento urbanístico para otros desarrollos industriales y viviendas', un propósito que se anunció 'hace nueve años cuando se quería ubicar en Erandio'.

Zabalgarbi adujo ayer que la falta de la declaración se explica 'porque no era necesaria al no haber expropiación de terrenos ni servidumbre'. Un portavoz añadió que la promotora sólo es propietaria de cinco hectáreas 'y el resto es del ayuntamiento y algún particular. Nosotros no vamos a construir, sino a gestionar residuos'.