La patronal ofrece 10.000 empleos y quiere cambiar la ley para contratar a inmigrantes

Las empresas de seguridad necesitan a 10.000 personas para cubrir la demanda de vigilantes privados y reclaman cambios legislativos para poder contratar a inmigrantes. 'Somos el sector que más puestos de trabajo está generando en números absolutos y hoy día ofrecemos 10.000 empleos, porque no damos abasto y tenemos que recurrir, cada vez más, a las horas extra para dar el servicio que nos reclama la sociedad. El sector puede seguir creciendo pero cada vez le cuesta más', afirman los portavoces de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser).

Aproser sostiene que España tiene una de las legislaciones más duras para acceder a la titulación de vigilante privado. El artículo 10 de la Ley 23/1992 de Seguridad Privada, dice que sólo el Ministerio del Interior podrá habilitar a un ciudadano para ser vigilante. Para ello, el aspirante debe pasar por un curso de formación de 240 horas lectivas en 'una escuela autorizada'. Si superan el curso, entonces podrán presentarse a las pruebas oficiales de conocimientos y capacidad teórico-física. 'Las empresas serias suelen asumir la formación, pero luego hay que esperar a que Interior convoque las pruebas y aunque por ley debería haber 12 convocatorias al año, generalmente no pasa de media docena', según Aproser. De esta forma, entre que un joven decide ser vigilante y finalmente puede serlo 'pasan hasta cinco meses y la gente se desmoviliza'.

Denuncia en Europa

El reglamento de seguridad privada dice (artículo 53) que para obtener la habilitación hay que cumplir nueve condiciones (ser mayor de edad o carecer de antecedentes penales), entre las que se incluye ser 'de nacionalidad española o comunitaria'. Las empresas quieren eliminar esta condición para poder contratar a inmigrantes. 'El sector plantea una contratación selectiva en los países de origen, de acuerdo con las embajadas, para formarlos allí y que puedan venir con un contrato indefinido', señala Aproser, que estima que su mayor bolsa de empleo estaría en América Latina. Sólo Bélgica e Italia exigen esa condición. Por cierto, la Comisión Europea decidió en julio denunciar a España ante el Tribunal de Justicia porque la legislación 'impone condiciones desproporcionadas a las empresas no establecidas en España', al entender que dichas condiciones 'tienen como efecto disuadir a las empresas de otros estados miembros'.

'Los españoles cada vez tienen menos interés por ser vigilante, por las condiciones de un trabajo que, en muchos casos, se realiza de noche, en solitario y con ciertos riesgos', agregan las empresas privadas. Éstas aseguran que el convenio colectivo del sector firmado en enero de este año ha supuesto una subida media de los sueldos de los vigilantes del 16%, un aumento que ya han repercutido en los precios que cobran. 'La subida se ha debido a que no hay gente y a que había necesidad de retener a los vigilantes que ya están contratados con una fuerte subida'.