Los sindicatos de prisiones piden personal y medios para afrontar el aumento de reclusos

Barrer las calles de pequeños delincuentes, como asegura que quiere hacer José María Aznar, implica llevarlos a la cárcel. Los funcionarios de prisiones solicitan que el plan gubernamental de lucha contra la delincuencia, presentado la semana pasada, se acompañe de más personal y medios para las penitenciarías, ya que, en su opinión, las medidas anunciadas por el Ejecutivo saturarán aún más las cárceles. Los sindicatos critican que se endurezcan las condiciones de cumplimiento y abogan por la expulsión de extranjeros 'sólo si es buena para el interno'.

La Agrupación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) y la Central Sindical Independiente (CSI-CSIF), los sindicatos más representativos en las prisiones españolas, se niegan a valorar si el plan gubernamental contra la delincuencia acabará o no con los pequeños delitos, pero aseguran que implicará irremisiblemente un incremento aún mayor de la población penitenciaria. Esta es la posición de los sindicatos respecto de las medidas propuestas:

- Endurecimiento del acceso al tercer grado. El Gobierno propone que los condenados a más de cinco años sólo puedan acceder a la semilibertad una vez cumplida la mitad de la condena y evitar que puedan hacerlo desde el primer día.

Para los sindicatos, este endurecimiento de las condiciones de cumplimiento no tiene demasiado sentido porque son muy pocos los que acceden desde el primer día. 'Para que se conceda, generalmente se exige que el interno haya disfrutado antes de varios permisos, para lo que es necesario que haya cumplido al menos un cuarto de la condena', asegura Francisco Alonso jurista de la prisión de Topas (Salamanca).

Desde CSI-CSIF se quejan del incremento de trabajo que para los funcionarios supondrá la medida. 'Los presos en tercer grado no suelen dar problemas porque ven que la condicional está próxima', asegura un dirigente de la rama de prisiones que no quiere dar su nombre.

'El problema es que el Gobierno no crea nuevos Centros de Inserción Social', establecimiento situados en las ciudades para el cumplimiento de las penas en régimen abierto', explica Juan Figueroa, vicepresidente de ACAIP. 'Cuando Mayor Oreja era ministro del Interior se solicitó la construcción de 24 centros de este tipo, con 25 o 30 plazas cada uno, pero el proyecto no salió adelante'.

De los 51.178 presos que había el 9 de septiembre en España, 4.185 estaban en tercer grado. El año pasado Instituciones Penitenciarias permitió a 6.289 reclusos llegar a la semilibertad. A 1.428 de ellos, desde el primer día de condena. Desde la propia administración se asegura que 'sólo se concedió en contadísimas ocasiones' a los presos con penas superiores a cinco años.

- Supresión de los arrestos de fin de semana. El Gobierno pretende sustituirlos por penas de prisión de tres a seis meses. Entre los sindicatos existe unanimidad en cuanto al fracaso de los arrestos de fin de semana. Los funcionarios de prisiones aseguran que su sustitución por penas de prisión aumentará a corto plazo la población reclusa. 'La mayoría de los internos incumplía sistemáticamente los arrestos, ya que los posponían hasta que la pena prescribía', asegura el vicepresidente de ACAIP, que añade: 'Ahora bien, si hablamos de población reclusa, su sustitución por penas de prisión está claro que implicará mayor masificación'.

- Agravamiento de las penas. Se quiere imponer la pena superior en grado cuando existan dos agravantes y considerar delito la reincidencia en las faltas. 'No tiene por qué incidir en la saturación de las cárceles', asegura Francisco Alonso, que no coincide con CSI-CSIF, contrario a esta medida por considerar que 'empeorará la situación'.

- Expulsión de extranjeros. Todos coinciden en que sería una buena medida para aligerar las prisiones, ya que un cuarto de los reclusos procede de otros países. 'Es una medida prevista en el Código Penal, pero los jueces no la quieren aplicar', aseguran desde ambos sindicatos. 'El problema es que los extranjeros no son aceptados por sus países porque no existe acuerdo internacional con ellos o sencillamente porque el interno no tiene documentación o no se conoce cual es su procedencia', asegura Juan Figueroa.

Por su parte, Francisco Alonso cree que la expulsión es una buena solución 'siempre que sea buena para el interno'. A su juicio debería existir la posibilidad de que los extranjeros condenados en España cumplieran la pena en sus países de origen. 'Es algo que podría acordarse con los países de la UE', concluye.