Una ley prevé multar hasta con 60.000 euros el fraude en viviendas protegidas

Después de años de fraude en la compra y venta de viviendas de protección oficial, destinadas a los ciudadanos con menos recursos, el Gobierno regional pretende afrontar este escándalo que ha enriquecido a promotores, propietarios de suelo y a quienes han logrado uno de estos pisos sin cumplir los requisitos. La Consejería de Urbanismo tiene un anteproyecto de ley que prevé multas de hasta 60.000 euros. Pero el problema sigue siendo la falta de denuncias.

El Gobierno regional tiene intención de acabar con el fraude en la compraventa de viviendas de protección oficial, un escándalo que, a pesar de ser vox pópuli, es de difícil comprobación en la práctica por la escasez de denuncias de los particulares afectados. Dinero negro, sobreprecios, mejoras no deseadas que encarecen el precio final, compradores que falsean sus datos para acceder a una de estas viviendas... La lista de infracciones es larga. Y en vista de que el precio de la vivienda libre no cesa de aumentar (un 42% desde el año 2000), el fraude para acceder a este tipo de viviendas, reservadas a los ciudadanos con menos recursos, no tiene visos de desaparecer.

El Gobierno regional está preparando una ley ( por el momento sólo un borrador), con la intención de que sea aprobada antes del final de la legislatura y, por tanto, antes de las elecciones de mayo de 2003. La norma, que divide las infracciones en leves, graves y muy graves, reúne por primera vez en un mismo texto legal las sanciones a imponer a todo aquel que incumpla las normas de compra, venta, uso o construcción de este tipo de edificación, ya sea promotor, constructor o comprador de la vivienda. 'Hasta el momento sólo había normas estatales y a cada caso se aplicaba una norma distinta', señalaron fuentes de la Consejería de Urbanismo y Obras Públicas.

Entre las infracciones, la norma contempla, por ejemplo, el que no se empleen los materiales previstos en el proyecto inicial.

El borrador de la ley, sobre la que aún trabajan los servicios técnicos de varias consejerías, endurece las sanciones. Si antes, las multas máximas eran de 6.000 euros, la nueva norma prevé sanciones de hasta 60.000. Ésta cantidad se impondrá a quienes cometan infracciones muy graves, como por ejemplo pedir al comprador más dinero del que por ley puede costar una vivienda de protección oficial (ésta suele rondar en torno a 120.000 euros).

Son muchos los casos de ciudadanos a los que los promotores piden hasta miles de euros en dinero negro para venderles el piso. Si el comprador se niega a pagar, no obtiene la vivienda. El problema, reconocido por algunos promotores, es que incluso pagando ese extra, la vivienda es mucho más barata que en el mercado libre. Una de las novedades principales del borrador es que el mero hecho de pedir ese sobreprecio será sancionado, aunque con multas de entre 1.500 y 6.000 euros. Hasta ahora, el comprador debía demostrar que había pagado ese dinero, generalmente en negro, lo cual dificultaba mucho la prueba y la sanción.

También serán sancionados los ciudadanos que falseen sus datos para acceder a un piso protegido (tener un nivel de ingresos bajo, cumplir determinados requisitos familiares y no tener otra vivienda protegida en propiedad, entre otros). También se multará a quienes, a sabiendas, vendan la vivienda a quien no reúne las características necesarias para ello.

No salen las cuentas

Una de las razones por las que algunos promotores piden ese sobreprecio, según explican ellos mismos (por ejemplo, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, Asprima, que denuncia este fenómeno), es que no les salen las cuentas. En teoría, el suelo debe costar como máximo el 15% del precio final de la vivienda, establecido por ley. Pero los propietarios del suelo, cuando se trata de promociones de vivienda de protección oficial que no se hacen a través de consorcios, especulan con él y lo venden a precios desorbitados.Para rentabilizar la inversión, el promotor repercute ese sobreprecio en los compradores.En cambio, cuando es la Comunidad quien pone a la venta el suelo a un precio fijado, no hay sobreprecio para los adquirientes de las viviendas.

Para luchar contra la especulación, la ley establecerá una sanción para el vendedor del suelo igual al sobreprecio percibido y un 20% más. 'Esta previsión', dice el texto del borrador, 'tiene por objetivo evitar que el sobreprecio obtenido por el vendedor sea superior a la multa que se le impondría por realizar tal conducta'.

Pero la nueva ley corre el peligro de ser poco efectiva porque es de difícil aplicación. Para actuar contra los que defraudan, la Consejería, que es el órgano sancionador, puede iniciar ella misma una investigación a través de sus servicios de inspección. Pero para descubrir la inmensa mayoría de los casos, es necesario que los afectados lo denuncien, cosa que no hacen por temor a quedarse sin la vivienda que desean. Sancionar, por ejemplo, al propietario de suelo que vende a un constructor a un precio superior al legal puede resultar imposible porque, presumiblemente, ni uno ni otro lo denunciarán.

El borrador de la ley no prevé incrementar el número de inspectores dedicados a destapar el fraude en este tipo de viviendas, aunque fuentes de la consejería recuerdan que 'aún queda mucho por matizar'. Las inspecciones periódicas sí podrían descubrir, por ejemplo, a los compradores de viviendas protegidas que no reúnen los requisitos para ello, investigando su patrimonio y sus condiciones familiares. También a aquellos que las adquieren como segunda residencia, algo considerado por la norma como una infracción muy grave.

El consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo Cortés, animaba el pasado julio a los ciudadanos a denunciar las infracciones, después de que EL PAÍS comprobara que en una promoción de Sanchinarro, en el norte de la capital, una promotora vendía pisos al doble de su precio y pedía 78.000 euros en dinero negro. Pero las asociaciones de consumidores revelaban entonces que no hay prácticamente ninguna denuncia sobre viviendas protegidas. Tampoco en el Ayuntamiento de Madrid.